De acuerdo a un análisis de LyD, el proyecto de ley 20/20 (inspirado en el anuncio del Presidente de alcanzar una meta de 20% en materia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) al año 2020), es ejemplo de una mala política pública, pues podría obligar a incorporar masivamente proyectos de ERNC aún cuando éstos sean ineficientes. Lo anterior abre una serie de interrogantes en cuanto a los sobrecostos comprometido en esta meta, tanto en generación como transmisión; el eventual desplazamiento de proyectos convencionales y el riesgo asociado para la capacidad de generación de base; y el sobrecosto que se estaría pagando para compensar las emisiones de CO2.
Más grave aún, es que se está legislando sin mayor conocimiento del verdadero potencial de cada fuente, lo que ha llevado a subestimar los sobre costos que conlleva esta medida. Estudios revelan que no habría potencial suficiente de ERNC eficientes para alcanzar la meta, lo que elevaría los costos a niveles muy superiores a los que hasta ahora se han estimado, puesto que suponen que los costos de desarrollar proyectos son constantes y similares a los actuales, cuando en realidad la curva de oferta tiene una pendiente fuertemente positiva. Por su parte, los costos de mitigación de Gases de Efecto Invernadero también serían extraordinariamente altos.
Un escenario incluso más negativo sería que la introducción forzosa de proyectos de ERNC se realizara por licitaciones que diferenciaran por tecnología, en vez que éstas al menos compitan entre sí, lo que elevaría aún más los costos.
La manera de fomentar una matriz limpia, segura y barata es a través de utilizar nuestros recursos hídricos. Es precisamente el desarrollo de energía renovable lo que ha primado en la discusión de desarrollo sustentable en el mundo, sin que se justifique diferencia alguna entre lo convencional y lo no convencional. Resulta, de todos modos, conveniente avanzar en destrabar las dificultades que enfrentan los proyectos de ERNC competitivos.
