A continuación reproducimos la columna de la Coordinadora del programa Seguridad Ciudadana y Justicia, Eliana Claro, publicada en el blog www.elvaso.cl

En los últimos meses, la discusión sobre delincuencia se ha tomado parte importante de la agenda pública. Además, han salido a la luz diversos desencuentros entre las instituciones responsables de la seguridad pública (Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio Público, entre otras) respecto a planteamientos profundos sobre las responsabilidades de cada uno en materias de delincuencia.

Parte de la polémica ha llevado a cuestionamientos hacia la Fiscalía sobre los criterios utilizados al momento de archivar provisionalmente un caso. Esto, a raíz de los datos que publica el Ministerio Público en sus boletines estadísticos. Para el período de enero a septiembre de 2011, el porcentaje de archivos llegó a un 46,5% del total de términos aplicados, mostrando un aumento respecto al 2010 (durante el 2010 la cifra fue  de 45,8%). Además en delitos como robo no violento, robo y  hurto, las cifras son aún más impresionantes y se elevan a 89,3%, 81,1% y 61,5% respectivamente.

Frente a este escenario, el Ministerio Público, se ha comprometido recientemente, a reducir gradualmente,  en un 10% los archivos provisionales en casos de robos no violentos, hurtos y otros delitos contra la propiedad, durante los próximos 4 años. Para esto, aplicará  3  medidas claves: trabajar con Carabineros en mejorar las primeras diligencias, a través de una mayor coordinación y claridad de las instrucciones, facilitando el debido uso de sus facultades autónomas; implementar un sistema informático con antecedentes en línea que permita identificar y reportar aquellos partes con información incompleta; y, por último, mejorar la carta de comunicación del archivo provisional, solicitándole a las víctimas la entrega de más información en caso de tenerla, y el fortalecimiento de la difusión de este término facultativo con la población a través del “Plan de Interacción con la Comunidad” que realiza la Fiscalía.

Sin embargo, es importante mencionar la idea que han propuesto los parlamentarios de la Alianza respecto a modificar los criterios de evaluación de gestión del Ministerio Público. Se debe potenciar la idea de buscar nuevos criterios capaces de alinear los objetivos de los fiscales hacia la búsqueda de causas eficientemente terminadas y no hacia cantidades de causas pendientes, que los llevan a utilizar el archivo provisional de manera equivalente a las salidas judiciales.

El desafío, además de mejorar las diligencias investigativas de Carabineros, es contar con reglas claras y públicas respecto a los criterios de aplicación de los términos facultativos, en especial el archivo provisional,  y con indicadores de gestión que distingan la utilización del archivo como una salida aplicada de manera “racional” y no como una salida “rápida”.