Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

J.A.FONTAINE ANTE APROBACIÓN DE PROYECTO I+D: PASO IMPORTANTE PARA HACER DE CHILE POLO REGIONAL DE INNOVACIÓN

Por abrumadora mayoría, el Congreso ha aprobado el proyecto de ley enviado el 2010, que modifica la Ley 20.241, ampliando y flexibilizando el esquema vigente de estímulo tributario a los esfuerzos en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías por parte de las empresas.

Juan Andrés Fontaine, Consejero de LyD, asegura que se trata de un muy importante paso para hacer de Chile un polo regional de la innovación. Esta iniciativa es un elemento clave de la estrategia para impulsar el emprendimiento y la innovación que –por instrucciones del Presidente Piñera- echamos a andar dos años atrás desde el Ministerio de Economía.

Aunque tiene una enorme tarea por delante, en materia de innovación Chile está haciendo avances. El Global Innovation Index   www.globalinnovationindex.org ), que mide y compara la calidad del “ecosistema pro innovación” de 125 países, ubica a Chile en un modesto lugar 38 el 2011,  ha progresado dos puestos en los últimos dos años y está a la cabeza de la región. Como de costumbre, Chile destaca por sus buenas instituciones políticas y económicas, cuenta con aceptables condiciones económicas y de infraestructura, pero exhibe deficientes indicadores de educación, esfuerzo de investigación y desarrollo, y producción científica. Una grata sorpresa, en cambio, es que su posición en cuanto a “producción creativa” es digna.

A enmendar estas fallas está dedicada la estrategia nacional de innovación que lleva adelante el Gobierno. Un aspecto clave es elevar el gasto en investigación y desarrollo (I+D), que representó en 2008 sólo 0,4% del PIB (no hay cifras posteriores), la penúltima más baja entre los países de la OCDE, cuyo promedio asciende a 2,3% del PIB. Nuestro esfuerzo de I+D es débil, con insuficiente participación en su financiamiento o ejecución por parte de las empresas (40% en Chile vs sobre 60% en países de la OCDE) y con demasiada investigación universitaria absolutamente desconectada de las necesidades de la industria.

La ley 20.241 de 2007 fue una valiosa iniciativa para estimular a las empresas a embarcarse en proyectos de I+D. Pero, desde su promulgación, ha permitido financiar apenas 70 proyectos por un total de alrededor de US$  12 millones. El año pasado, tras un mejoramiento de los procedimientos de aprobación por parte de CORFO, tanto el número como monto de proyectos aprobados creció en un auspicioso 80%.  El incentivo ofrecido es potente –un 35% de crédito contra el impuesto de primera categoría y uso del 65% como gasto tributario-, pero las condiciones y restricciones establecidas han impedido un despegue esperado en el esfuerzo de I+D.  Por eso una de las primeras iniciativas del Gobierno fue elaborar el proyecto de ley recién aprobado, tarea en la que trabajaron los ministerios de Economía y Hacienda, Corfo y tuvo pleno respaldo del Consejo Nacional de Innovación.

La ley, que será prontamente promulgad,a mantiene en 35% el crédito tributario (en la versión inicial bajaba a 30% y es positiva la corrección introducida en el Senado) y la exigencia de ser aplicable sólo a los proyectos previamente calificados de innovadores por CORFO. Pero, en lugar de restringir el beneficio tributario tan sólo a los proyectos realizados con centros de investigación certificados, lo extiende a los gastos realizados directamente por la empresa en cuestión o contratados a terceros. Además, elimina un límite que impedía el acceso de las empresas sin ventas y sube el tope del beneficio tributario desde 5.000 UTM a 15.000  UTM al año, esto es de US$ 400.000 a US$ 1,2 millones. El beneficio es acumulable y utilizable en períodos posteriores (aunque, desgraciadamente, aún no aplicable a los impuestos Global Complementario y Adicional, materia que habrá de ser modificada más adelante). Además, incluye dentro de los gastos susceptibles de acogerse al beneficio, no sólo los desembolsos corrientes de I+D, sino los de capital que el proyecto exija y los de registro de propiedad intelectual que resulten necesarios. Finalmente, el plazo de vigencia de la ley se extiende desde el 2017 al 2025.

La modificación a la Ley 20.241 se suma a un vasto conjunto de iniciativas para impulsar la innovación, desarrolladas en los últimos dos años. Entre ellas: el fortalecimiento de Conicyt, el programa CORFO de atracción de centros de excelencia, la labor de Innova, el programa Start-up Chile, el apoyo del Ministerio de Economía a importantes convenios de universidades chilenas, como el recientemente suscrito con el MIT para mejorar la enseñanza y la investigación en las carreras de ingeniería.

Todo esto abre auspiciosas proyecciones a la innovación, el crecimiento y la creación de buenos empleos. Aunque, desde luego, sus frutos dependerán en gran medida de la respuesta que encuentre en las empresas y también de la flexibilidad y celeridad con que CORFO ejerza sus funciones de aprobación y control de los proyectos beneficiados, tengo gran confianza en que la ley  ayer aprobada por el Congreso será un poderoso impulso innovador.

Tags:

otras publicaciones