Hoy se vota en el Senado el proyecto de ley que pretende eliminar el lucro en las instituciones educativas de todos los niveles.
La evidencia mostrada en el siguiente análisis derriba el mito de que los colegios con fines de lucro son grandes instituciones que se aprovechan de cobrar altas cuotas a los estudiantes. Antes de tomar la decisión de prohibirlos, se debe tener en cuenta que las familias los prefieren tal vez por su diversidad y por su mejor calidad frente a los municipales.
El modelo de educación particular subvencionada ha sido muy beneficioso para el país, ya que ha permitido mejorar la cobertura y elevar la calidad de la educación. Quienes se oponen, argumentan que continuar la tendencia creciente de la matrícula llevaría a un menor control estatal de la educación y a un aumento de la segregación, con la consecuente mayor desigualdad para los alumnos que asisten a los colegios municipales.
De lo que no existe evidencia es que la eliminación del lucro en todo el sistema educativo se vaya a traducir en una mejor educación pública para todos. El debate entonces no puede estar guiado por prejuicios ideológicos. Prohibir el lucro supone prohibir la existencia de una serie de colegios particulares subvencionados, que han logrado ser más eficientes en educar a los niños, en su mayoría de grupos medios de la población. ¿Qué opción le daríamos entonces a ese millón de alumnos y a sus padres? ¿Una educación pública de mala calidad? ¿No sería mejor que todos los esfuerzos se centraran en mejorar la educación pública, hasta ahora cautiva de los grupos de presión que en el fondo no quieren cambios que perjudiquen sus intereses aun a costa de los propios estudiantes de este país? La solución no debe estar en la prohibición, sino en la regulación y la transparencia de información, en dejar a las familias decidir entre todas las alternativas para que elijan lo mejor para sus hijos, en exigirles cumplimiento de estándares de calidad y en cerrar los malos colegios.
