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PROPUESTA EDUCACIÓN DE LA CONCERTACIÓN: NADA NUEVO NI CLARO

La Oposición entregó un documento en que expone su propuesta frente a los temas educacionales discutidos en los últimos meses. Si bien es destacable que se busque llegar a acuerdos y conciliar las partes involucradas, no se están presentando propuestas nuevas, ni soluciones a los problemas y divergencias del debate actual; se mantienen los mismos puntos comunes y las mismas diferencias con el gobierno. De hecho, hay varios aspectos que el gobierno ya mencionó en sus propuestas.

En cuanto al eje principal, éste no está puesto en el mejoramiento de la calidad educativa, salvo cuando se menciona el tema de la acreditación, sino en el financiamiento. Además, el documento hace suyas las propuestas de ciertos grupos de interés, por ejemplo, universidades el CRUCH, que se ven especialmente beneficiadas con las medidas planteadas, por sobre los alumnos más vulnerables o con méritos, que son aquéllos en que se debiera poner énfasis.

Se sostiene la idea de poner fin, en forma gradual, a las instituciones escolares y de formación técnica con fines de lucro. Esto atenta no sólo contra la libertad de enseñanza, sino principalmente contra el derecho que tienen los estudiantes y sus familias de escoger la institución educativa que quieren, en tanto esta sea de buena calidad. No hay que olvidar que en la actualidad son este tipo de instituciones las que permiten educar al 30% de los estudiantes de educación escolar, y a gran parte de los estudiantes de educación superior técnico profesional.

En el documento se señala que como oposición se formulará una propuesta propia sobre educación pública escolar y desmunicipalización, para crear un sistema de educación “público, nacional, descentralizado, participativo, inclusivo y gratuito”. Habrá que ver esa nueva propuesta, si responde y despeja todas las dudas en esta materia, que es sumamente compleja. Se sostiene que “la transición debe evitar que se genere una deuda histórica”, por lo que sería interesante escuchar la forma de lograrlo. Si bien la idea de desmunicipalizar ha sido ampliamente aceptada, parece poco probable que un sistema alternativo pueda ser mejor, y la solución debiera apuntar a mejorar el sistema actual (que en rigor no ha terminado de descentralizarse, pues el ministerio sigue tomando decisiones de contratación y remuneración de profesores, asi como de planificación educativa) en lugar de crear nuevas instituciones que dejan muchas dudas sobre su funcionamiento, administración, financiamiento y accountability.

En cuanto al financiamiento, se plantea unificar el sistema de becas y créditos, tal como lo propusiera el gobierno. En cuanto a la gratuidad, se propone que en una primera etapa esta alcance al 70% de menos recursos que asistan a universidades del CRUCH (“en el entendido que estas casas de estudio serán sometidas a controles y regulaciones más rigurosas”), y en una segunda etapa, gratuidad también a los alumnos que escojan cualquier institución de educación superior que cumpla con los estándares de calidad. Sobre este punto, lo primero es señalar que no se justifica dar gratuidad al 70% de los estudiantes, que luego de finalizar su carrera tendrán un ingreso y por lo tanto una capacidad de pago similar a aquéllos alumnos del 30% restante. Lo segundo, es señalar que no se justifica partir otorgando beneficios sólo a los alumnos que escojan universidades del CRUCH, en tanto estas no demuestren méritos suficientes que las ubiquen por sobre las universidades privadas, sin contar que además esto podría traer la indeseada consecuencia de la segregación, en que sólo alumnos con capacidad inmediata de pago se matriculen en universidades privadas. Lo correcto es exigir por igual a todas las instituciones, públicas o privadas, CRUCH o no CRUCH. En cuanto a los alumnos que ya se encuentren estudiando al momento implementar de la gratuidad, se plantea que deben adscribirse también al beneficio, sin embargo, no se especifica quién pagaría los créditos que ya se hayan contraído.

Respecto a los aranceles, se señala que debe existir un mecanismo de control de estos, y que las universidades no pueden realizar cobros adicionales a las ayudas estudiantiles. Una vez más, es tarea de las instituciones, públicas y privadas, definir correctamente los aranceles, y no traspasar ineficiencias al estado a través de mayores mensualidades que deberán ser cubiertas por las becas. No se puede exigir al Estado financiamiento, en tanto no se transparente y determine que los recursos que reciben en la actualidad las universidades están siendo bien utilizados. Por otro lado, no conviene usar los aranceles de referencia para definir el monto de las becas, pues estos no son los que reflejan realmente el valor de la carrera. Tampoco es recomendable fijar los aranceles, pues la fijación de precios de manera arbitraria nunca consigue llegar al valor correcto; más adecuado sería utilizar una banda con un límite máximo que no puede ser sobrepasado.

En el documento se recalca que no se permitirá “abrir los instrumentos de financiamiento a todas las instituciones sin distinción, porque esto sólo redunda en un desfinanciamiento de las universidades tradicionales”. Efectivamente, es imprescindible que no se haga una distinción, pero por la calidad y el cumplimiento de estándares. Pensar que esto traerá como consecuencia el desfinanciamiento de las universidades tradicionales, es aceptar que estas son peores y que los alumnos no las escogerán.

Se señala también que se debiera reajustar los fondos del Aporte Fiscal Directo (AFD), haciéndolos crecer en un 10% y 5% real durante los próximos años, además de generar mecanismos para corregir su asignación. Esto, además de la creación de Aportes Basales para las universidades estatales. A nuestro parecer, sí corresponde reajustar el criterio de asignación del AFD, sin embargo, nuevamente no se debe perder de vista que el financiamiento debe apuntar a las universidades buenas, característica que no tiene relación con el pertenecer o no al grupo del CRUCH. La distinción debe hacerse por calidad educativa y cumplimiento de estándares. Además, los valores del reajuste, 10% y 5%, son arbitrarios, y no se explica el motivo de escoger estas tasas de crecimiento, no apuntan a cubrir ninguna necesidad de mayor financiamiento puntual.

No hay que olvidar que así como existen derechos también existen deberes; las instituciones de educación superior deben cumplir con estándares y transparencia por igual, independientemente de si son públicas o privadas. Y la gratuidad debe beneficiar a los alumnos, y no a las instituciones educacionales, por lo tanto, este beneficio debe pertenecer al alumno, y debe ser él el que tenga el derecho de escoger la institución que quiera y recibir el financiamiento público, si así lo amerita, en la carrera y casa de estudios de su preferencia.

En cuanto a las medidas concernientes a la educación escolar y preescolar, en el documento se señala que esta última es prioritaria, sin embargo, tampoco se delinea una propuesta en este aspecto. Y sobre la educación escolar se plantea la necesidad de reconocer los beneficios a los profesores en materia de bono post laboral e incentivo al retiro, aumentar los recursos de tal forma de avanzar hacia la eliminación del financiamiento compartido, modificar el sistema de subvenciones que depende de la asistencia, y tomar “las medidas necesarias para evitar una expansión irracional de nuevos establecimientos particulares subvencionados”. Primero, nuevamente se deja afuera el tema de los deberes; lo principal es evaluar a los profesores, fortalecer a aquéllos que no están obteniendo buenos resultados, y premiar a los que sí los tienen, incentivando su mejoramiento continuo.  Segundo, no es razonable eliminar una fuente de recursos como es el financiamiento compartido, especialmente si las familias están dispuestas y quieren pagar por una buena educación para sus hijos. Lo correcto es escalonar la subvención de tal forma que esta represente realmente el costo de educar a cada alumno, y esto es justamente lo que se está haciendo y se planea seguir haciendo en el futuro. Además, la asistencia debe mantenerse como el criterio más importante para la entrega de la subvención, ya que no basta con que un alumno se matricule en un colegio, lo importante es que efectivamente acuda. Por último, pretender fijar el número de establecimientos no tiene ningún sustento, significa limitar la entrada y salida de colegios y por lo tanto coartar el derecho de las familias a elegir.

Sobre la educación técnico profesional, se propone actualizar la oferta de carreras y modernizar las existentes, así como crear una red de CFT e IP estatales. Si bien lo primero es necesario, lo segundo no es claro, pues no es buena idea crear instituciones que podrían llegar a ser insostenibles, sin siquiera saber si habrá suficiente demanda por ellas.

Por último, se propone construir un fondo de reforma de la educación permanente, mantener el impuesto a la renta al 20%, y pasar una parte de los recursos del cobre que van a las FFAA a este fondo. Del mismo modo, se muestran partidarios de una reforma tributaria que genere ingresos permanentes para solventar los gastos permanentes en materia educacional. Este asunto escapa de lo estrictamente educacional, habría que pronunciarse teniendo ya los proyectos y sus requerimientos de capital. El objetivo no debe ser recaudar por recaudar, sino tener primero un plan adecuado. El sentido correcto es decidir y luego determinar costos, no buscar recursos y luego ver qué hacer con ellos.

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