Tras casi siete meses de trabajo, la Comisión Asesora de Desarrollo Energético (CADE) entregó hoy su informe, cuyo objetivo fue analizar la situación actual del mercado eléctrico y consensuar propuestas para el futuro,  atendida la creciente necesidad de generación de energía económica, limpia y segura. Sin afán de hacer un análisis exhaustivo del trabajo del Comité, Susana Jiménez, economista senior de LyD, destacar algunos aspectos relevantes que surgen del informe.

1. La Comisión confirma que el modelo eléctrico chileno ha permitido no sólo responder a las crecientes necesidades de energía con calidad y eficiencia, sino también ha logrado sortear situaciones de crisis de manera adecuada. Esto no significa que no se requiriera introducir mejoras al sistema, lo que permitirá corregir debilidades y ajustar el modelo a las preferencias de una sociedad que valor cada vez más la generación limpia y sustentable y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
2. El informe plantea una serie de recomendaciones en el ámbito de la generación, transmisión y distribución eléctrica con el objetivo de perfeccionar el modelo actualmente vigente. En materia de generación, destaca la necesidad de mejorar las condiciones de competencia en el largo plazo a través de la eliminación de barreras de entrada y la reestructuración del CDEC. En cuanto a transmisión, recalca la necesidad de agilizar la tramitación de proyectos y promueve la creación de franjas de servidumbre y el desarrollo de corredores de interés público. En el mercado de la distribución, se hacen recomendaciones para aumentar la competencia en contratos de largo plazo con las empresas distribuidoras, además de establecer ajustes a los procesos tarifarios, como la modificación de la tasa de descuento.
3. La Comisión explora además una serie de escenarios alternativos para modelar la matriz energética futura. En este proceso, concluye que la tecnología de generación hidráulica será de gran relevancia tanto en términos económicos como ambientales, mientras que las ERNC probablemente muestren una penetración mayor a lo establecido hoy por ley tomando las medidas adecuadas para ello. En línea con lo anterior, promueve una serie de medidas que permitan eliminar barreras de entrada a las ERNC competitivas, enfatizando que no resulta conveniente forzar la introducción de proyectos de ERNC que no son competitivos.
4. Un aspecto interesante del informe es que hace recomendaciones para que el mercado eléctrico pueda enfrentar el desafío que le plantea la sustentabilidad ambiental y la falta de confianza ciudadana en las políticas ambientales aplicadas al sector. En este sentido, para efectos de la conservación del patrimonio ambiental y los recursos naturales plantea, por ejemplo, trabajar en políticas de localización de centrales térmicas y avanzar en materia que serán propias del SBAP, como la determinación de áreas protegidas donde no habrá intervención productiva.
5. Asimismo, para lograr una mayor participación ciudadana y avanzar en construir acuerdos y manejar adecuadamente los conflictos, promueve la generación de información para la formación de percepciones y opiniones informadas, y potenciar las instancias de participación tanto a nivel regional como nacional. En relación a esto último, destaca la propuesta de realizar un sistema participativo de discusión de la política energética de largo plazo a realizarse cada cuatro años. También se enfatiza la transparencia de información y el rol de la educación en materias energético-ambientales.
6. En cuanto a las ERNC, el Comité sugiere el uso de instrumentos financieros que faciliten el acceso a crédito y viabilicen la cartera de proyecto competitivos con ayuda de Corfo, o bien en su defecto, establecer un esquema de precio spot estabilizado de energía para la venta de generadores de ERNC que garantice cada año un costo marginal promedio de energía. A ello se suman otras medidas, entre las que destaca la propuesta de elevar la meta actual de ERNC en la matriz de 10% a 15% al año 2024.
7. El Comité se pronuncia además a favor de avanzar en todos aquellos aspectos que le permitan a Chile decidir en su momento si iniciar o no un programa nuclear de potencia, habida cuenta de que constituye un seguro estratégico que permite garantizar el suministro energético sustentable a largo plazo.
8. Por último, el Comité señala algunas medidas relevantes para avanzar en materia de eficiencia energética y en el aprovechamiento de los recursos hídricos del sur de Chile para la generación eléctrica.

Con todo, el informe entregado por el CADE constituye un gran aporte para el debate que se ha venido dando sobre el futuro de la matriz energética de Chile. La comisión congregó a un selecto grupo de expertos en la materia, con distintas sensibilidades políticas, lo cual le da un valor especial al hecho de que se lograra consensuar posturas frente a una serie de temas de gran importancia para el país.

Entre los consensos alcanzados destaca el apoyo otorgado al modelo actual, que si bien es perfectible (y a eso apuntan las recomendaciones del Comité), ha permitido satisfacer las necesidades de los habitantes y de la actividad productiva del país.

El informe aporta, a su vez, con medidas concretas para garantizar un ambiente de competencia en la generación, transmisión y distribución eléctrica durante las próximas décadas y da orientaciones que permitan destrabar barreras de entrada (entre ellas, agilizando tramitaciones y aumentando las posibilidades de participación de la ERNC competitiva), aumentar la participación ciudadana y garantizar una mejor protección del medio ambiente.

Por su parte, explicita ciertos aspectos importantes, como la necesidad de aprovechar adecuadamente el potencia hídrico del país, generar  avances para una eventual introducción de la energía nuclear en el futuro y promocionar las ERNC que son competitivas, sin perjuicio de destinar recursos adicionales para la investigación y el desarrollo de programas piloto en aquellas tecnologías de ERNC que aún no lo son.

En el tema ambiental, la Comisión hace recomendaciones importantes, pero abre la puerta para algunas medidas que pudieran ser debatibles, como la necesidad de adelantar señales en materia de emisiones de GEI. Igualmente, en materia de participación ciudadana establece la realización de un sistema participativo de discusión de la política energética de largo plazo, lo que podría generar algunos grados de incertidumbre para la necesaria inversión que requiere Chile en proyectos energéticos.

Con todo, se abre a partir de hoy una oportunidad para introducir mejoras concretas al modelo eléctrico que permitan el necesario avance en esta materia y lograr así un desarrollo eléctrico en base a un modelo de aceptación general. Esto debiera  permitir que Chile sea capaz de suministrar la energía requerida en su proceso de desarrollo, en condiciones económicas y amigables con el medio ambiente, logrando la anhelada meta de erradicación de la pobreza en los años venideros.