GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PODRÍA ALCANZAR LOS 6.000 MILLONES DE DÓLARES

Educación superior gratuita es lo que algunos piden. Suena muy popular, pero ¿haría esta política que mejorara el sistema educacional? ¿Beneficiaría a los más pobres? ¿Valdría realmente la pena destinar tal cantidad de recursos en una política como ésta? A continuación se discute brevemente este tema.

Según la Investigadora del Programa Social de LyD, María Paz Arzola, que las personas tengan que pagar por su educación superior no tiene nada de injusto, si se tiene en cuenta el beneficio futuro que le genera. No basta que la educación superior tenga asociadas externalidades positivas, como es el desarrollo de tecnologías y capital humano de alto nivel, así como una sociedad más instruida, desarrollada y feliz, pues la mayor parte del beneficio de estudiar se lo lleva la misma persona luego de terminar su carrera, por ejemplo, a través de un mayor ingreso futuro.

Según la Investigadora, se argumenta que la gratuidad permite favorecer a los más pobres, y ayuda a disminuir la desigualdad de ingresos existente en nuestro país. Sin embargo, si el Estado asegurara educación superior gratuita:

-            Dado que los hogares con más ingresos son los que más destinan a educación superior, el 41% de los recursos adicionales sería destinado a financiar los estudios de estudiantes provenientes del 20% de hogares más ricos y sólo un 9% de dichos recursos financiaría los estudios de estudiantes del 20% más pobre. Por lo tanto, el gasto sería completamente desfocalizado.

-            La distribución de ingresos se vería mínimamente afectada; la participación del 10% de menos recursos en el ingreso total del país aumentaría de 1,7% a 1,8%, cambio nulo si se compara con el alto costo de esta política.

Por otro lado, un alumno que no paga sus estudios, tiene incentivos a permanecer más tiempo como estudiante, lo que trae como consecuencia un aumento de la duración de las carreras y una menor capacidad del sistema para recibir a los nuevos alumnos. Un ejemplo claro de esto es el sistema argentino, en que existe una alta tasa de deserción, baja graduación, excesiva extensión de las carreras, una alta cantidad de alumnos que reprueba sus ramos (el 25% reprueba todas las materias inscritas en el año, y apenas el 35% aprueba 3 o más ramos) y una alta edad promedio de los estudiantes (la mitad supera los 25 años, y el 25% tiene más de 30).

La correcta aplicación de becas y créditos, con condiciones adecuadas, permite que el estudiante internalice el costo, no sólo monetario, sino en cuanto al esfuerzo en tiempo y dedicación que se requiere para estudiar una carrera de educación terciaria. De hecho, al estimar el costo que significa para los alumnos de distintas carreras que se financian crédito con aval del Estado, se obtiene que, en el peor de los casos, las cuotas que tiene que pagar representan alrededor del 10% de su ingreso (porcentaje que cae a medida que aumenta el sueldo), y en muchos casos se obtiene alrededor del 5% del ingreso laboral. Es decir, la deuda es perfectamente abordable, y así como las personas se endeudan para adquirir bienes de consumo e hipotecas, es lógico que también estén dispuestas a contraer una deuda para pagar sus estudios; una deuda que por lo demás es perfectamente sostenible en el tiempo, y cuyo beneficio es mucho más alto que el que genera cualquier otro bien por el que están dispuestos a pagar e incluso a endeudarse (incluso a tasas de interés más altas).

En el análisis de María Paz Arzola, tomando datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), se obtiene que el gasto que hubiese tenido el Estado si este año hubiese pagado las matrículas y aranceles de los alumnos matriculados en educación superior, sin discriminar entre instituciones ni alumnos, llegaría a los MMUS$ 4.431 anuales. Si las vacantes disponibles se hubiesen llenado (es decir, utilizando la capacidad máxima del sistema), el costo hubiese ascendido a MMUS$ 5.976 anuales.

En tanto, si se toman los datos de la OCDE, que sostienen que el gasto por alumno de educación superior en Chile es de US$ 6.829 (corregido por PPP para comparar con otros países), y que los hogares financian el 79,3% del total, entonces se obtiene que si el Estado hubiese dado gratuidad a los estudiantes de educación superior, el gasto podría alcanzar los MMUS$ 6.000.

Sin duda, estos números son una subestimación, puesto que un precio nulo para los estudiantes generaría una distorsión en la duración de las carreras. Aún así nos entregan información para señalar que la idea de que la educación superior sea gratuita para los estudiantes es un gasto no sólo injustificado y una mala política pública, sino también es un costo desproporcionado para el Estado.

Para tener un orden de magnitud, puede ser útil señalar que el costo de la gratuidad de la educación superior representaría más del 90% del Gasto Público en educación preescolar, primaria y secundaria, y algo así como el 70% del Presupuesto en Salud, agrega la Investigadora.