Rodrigo Troncoso, coordinador del Programa Social y María Paz Arzola, investigadora del mismo, se refieren a la nueva propuesta del Gobierno en materia de educación.
En su columna en La Tercera, aseguran que luego del rechazo a la propuesta GANE del Gobierno, el Gobierno entregó una nueva serie de propuestas en materia de educación. Estas reconocen la educación como un derecho fundamental, que el Estado se compromete a financiar desde el preescolar hasta la media, además de velar por su calidad. Sin embargo, la Constitución no es la causa de ninguna de las falencias de la educación actual, que están asociadas, más bien, a la mala gestión de los recursos, incentivos incorrectos y poca rendición de cuentas, entre otros. Aquí se abre una puerta que en el futuro podría acarrear muchos problemas.
Las reformas van a necesitar de un mejor funcionamiento y coordinación de las instituciones públicas y privadas involucradas. Además de una mayor exigencia de recursos en los niveles educacionales obligatorios, así como para la educación superior, mediante aportes a instituciones y al aumento del número y monto de las becas dirigidas a estudiantes vulnerables con el suficiente mérito.
En cuanto a institucionalidad, se mantiene la creación de una Superintendencia y Subsecretaría de Educación Superior, sumándose a las instituciones que ya crea la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar. Como sabemos la sola creación de instituciones públicas no es ninguna solución. El énfasis debe estar en que se asegure la transparencia en la gestión, a través de la fiscalización y de la rendición de cuentas periódicas, y se mejore la información para los postulantes respecto a los beneficios, costos y los medios de financiamiento.
