A raíz de los últimos acontecimientos y de las voces que piden educación gratuita para todos, conviene revisar el caso argentino.

De acuerdo a un análisis realizado por Guillermo Ordoñez, Phd. De la Universidad de California, el éxito de una universidad no se puede medir por la cantidad de alumnos sino de egresados y en este aspecto Argentina es muy ineficiente. Sólo 4,3 alumnos de cada 100 se reciben, cuatro veces menos que en países desarrollados. Para colmo, en promedio, los pocos egresados terminan en el doble del tiempo considerado regular.

“Una universidad con muchos alumnos crónicos y pocos egresados es una universidad de contención social para jóvenes y no una universidad formadora de profesionales e investigadores de excelencia. ¿Es eso lo que queremos como sociedad?”, se cuestiona el experto.

La educación superior en Argentina tampoco es tan equitativa como se pinta. Lo peor es que el egreso lo es menos aún ya que la cantidad de pobres que se reciben es casi nula. Cientos de estudios demuestran que en Argentina los principales beneficiarios de la educación superior son los ricos, que obtienen sus títulos.

Hay definitivamente dos políticas que se deberían evitar: la gratuidad de la educación superior y el ingreso irrestricto, dos temas tabú que no son apropiadamente discutidos porque aseguran muchos enemigos a quienes osan mencionarlos.

La provisión de cualquier servicio se asienta sobre tres pilares. Precio, cantidad y calidad. Cuando las cosas se dan gratis hay muchas personas que las quieren, aun cuando no las necesiten o valoren. Esto hace que la cantidad de demandantes sea grande. Cuando los recursos son limitados, si no se restringe la cantidad, la que sufre inevitablemente es la calidad. La única manera de lograr una educación de excelencia en el largo plazo es actuar sobre el arancel (precio del servicio) y/o sobre la cantidad de alumnos.

En realidad, ni siquiera hay justificación para que la educación superior sea gratuita. El individuo que se educa es el principal beneficiado (los profesionales ganan cinco veces más que los que no lo son), por lo que debe ser el que más aporte en esta inversión.

El Estado debería establecer un sistema de aranceles diferenciados, subsidios y becas basados no sólo en la situación socioeconómica sino también en el rendimiento académico. Aquellos que no tienen recursos pero que muestran capacidad podrían obtener becas que les permita estudiar sin trabajar o pagar con trabajo dentro de la universidad. Además, debería promoverse un sistema de crédito universitario o impuestos sobre las rentas diferenciales de los profesionales, para que los estudiantes paguen en el futuro si no pueden hacerlo mientras estudian”.