El retraso en la implementación de una política pública que garantice una adecuada defensa jurídica para quienes no pueden procurársela por sus propios medios es un problema cuya gravedad es manifiesta.
Esto se traduce, en definitiva, en una evidente imposibilidad de las personas vulnerables de acceder a las diligencias requeridas en tiempo y forma (notificaciones); desigualdad en el acceso a ciertos medios de prueba (rendición de pruebas testimonial y confesional, informes periciales, etc.); y severos inconvenientes en el cumplimiento de los fallos favorables para el “litigante pobre” (embargos, retiros de especies, remates, etc.); todo lo cual no es otra cosa que acceder a una justicia de segunda categoría, afectando sobre todo, a los más pobres.
De acuerdo a un estudio elaborado por Rodrigo Delaveau y Silvia Baeza, abogados del Programa Legislativo de LyD, no existen razones técnicas, económicas o políticas para privar a las personas de bajos recursos de tener un sistema de Defensoría Jurídica concesionado. Esta modalidad implica entregar concesiones individuales o colectivas a abogados que puedan entregar un servicio eficiente y profesional a los que no puedan procurarse un abogado particular por sus propios medios.
El sistema de voucher o subsidio portable no es algo nuevo, pero su utilización en áreas no tradicionales, como la defensa jurídica, podría abrir un abanico de posibilidades para mejorar en términos reales la defensa de los derechos de las personas.
Mediante este sistema, el Estado, una vez verificado acuciosamente el estado de necesidad del solicitante, le entrega un voucher que pueda utilizar a cambio de un servicio de asesoría o defensa jurídica que le preste un abogado que se encuentre registrado en una lista de abogados interesados en otorgar el servicio y que cumplan los requisitos exigidos para dichos efectos.
El sistema de subsidio portable genera transparencia: sabremos cuánto cuesta efectivamente defender a las personas en el ejercicio de sus derechos, lo que desincentiva la litigación oportunista. También es importante en términos de libertad de elección de las personas, ya que pueden elegir el abogado que más les convenga para su caso y no el que les designe el Estado. Luego, dado que está el mercado en la defensa jurídica es de esperar que tenga efectos positivos, pues se genera competencia. Y eso mejora la calidad.
Finalmente, los vouchers o subvención tienen un componente importante de justicia social, ya que permiten que los pobres puedan acceder a abogados que antes no podían. Se trata entonces de levantar barreras que impiden en la actualidad a los más pobres acceder a una defensa jurídica de calidad, sin caer en la tentación burocrática de creer que el Estado puede solucionarlo todo.
