El Gobierno envió al Congreso una propuesta de reajuste de salario mínimo de 4.7%, algo por encima de la que se desprendía de los parámetros recomendados por la Comisión de Salario Mínimo, de 4.5%. La propuesta oficial parece muy razonable, por cuanto considera un reajuste real de 1.4% si se considera la inflación pasada, y algo mayor si tomamos la inflación esperada. Estas cifras son superiores a lo que se estima se está incrementando la productividad laboral, y por ende, representan una mejoría efectiva en el poder adquisitivo del salario mínimo, aún corregida por productividad. Un reajuste superior atentaría contra la reducción del desempleo, considerando que en el tramo etario entre 15 y 29 la tasa de desocupación es de 14%, el doble del promedio nacional. Son normalmente los jóvenes los que se ven más afectados por la existencia del salario mínimo. El problema es mucho más dramático para los quintiles bajos de ingreso, con tasas de desempleo para los más jóvenes que superan el 50% de acuerdo a la CASEN 2009. No puede olvidarse que en la fijación del salario mínimo debe conciliarse la mejoría de los trabajadores con un potencial aumento del desempleo. Existen diversos estudios que muestran que salarios mínimos muy elevados incrementan la pobreza en vez de aliviarla.

Cecilia Cifuentes, investigadora del Programa Económico de LyD, asegura que no se entiende en este contexto la postura de la CUT, que luego de participar en la Comisión Técnica, desconoce absolutamente sus recomendaciones, y solicita un reajuste de algo más de 10%, negándose además a llegar a un acuerdo más razonable. Pero más inexplicable, y claramente populista, parece la postura de la oposición, que opta por respaldar plenamente a la CUT, a pesar de que siendo gobierno no dieron reajustes reales del salario mínimo como el que ahora están respaldando, y que podría perjudicar en forma importante la situación de las pequeñas empresas en el país. Debe considerarse que el costo para la empresa es bastante mayor al salario mínimo si se incorporan las gratificaciones, y otros cargos de cuenta del empleador.