La protección jurídica del secreto profesional  es la forma en que se materializa el derecho a defensa consagrado en la Constitución, garantizando la confidencialidad de las comunicaciones entre cliente y abogado.

El secreto profesional es por una parte un deber para el defensor –no revelar lo que ha conocido en su calidad de tal- y por otro, un derecho que lo asiste ante el requerimiento de revelarlo, que en la práctica se traduce tanto en la facultad de no prestar declaración en juicio como en la protección que gozan los documentos entregados en ejercicio del derecho a defensa.

Silvia Baeza, abogado del Programa Legislativo de LyD, asegura que se ha producido un amplio debate en los medios de comunicación sobre lo ocurrido a propósito del allanamiento al domicilio particular y oficina del abogado Juan Pablo Bulnes en el marco del caso Karadima. La amplia mayoría de quienes opinaron sobre estos hechos fueron sumamente críticos de la actuación de la Ministro en Visita que instruye el proceso, la que parece reprochable en un Estado de Derecho donde el debido proceso se reconoce como un valor fundamental.

La necesidad de amparar el secreto profesional no sólo es relevante desde el punto de vista del derecho a defensa, sino también como garante de una sociedad libre, garantizando además, el secreto de las fuentes periodísticas, en el caso de la libertad de información y el respeto a la vida privada, en relación a los profesionales de la salud.

En un tema tan relevante como el planteado, hubiese sido deseable que la Corte Suprema se pronunciase directamente sobre el fondo del asunto, ya que si bien la Corte de Apelaciones de Santiago es el superior jerárquico de la jueza, no es menor el hecho que dicha Corte había resuelto archivar los antecedentes del caso enviados por el Colegio de Abogados a raíz del amparo profesional interpuesto por el abogado Bulnes.

Queda en el aire la sensación de que casos como éste pueden volver a repetirse ante el silencio de los tribunales superiores de justicia.