Esta semana se inicia la última etapa legislativa de la reforma laboral, una comisión mixta formada por senadores y diputados de las distintas comisiones de Trabajo, que tendrán como tarea resolver aquellas modificaciones introducidas por el Senado, pero rechazadas por la Cámara de Diputados en el tercer trámite legislativo. 

Sin menospreciar las materias que son objeto de esta última discusión, es necesario señalar que los puntos principales de esta reforma como son titularidad sindical, extensión de beneficios, eliminación del reemplazo en la huelga (dejando esta extraña figura de las adecuaciones necesarias), prácticas antisindicales, entre otras, ya se encuentran aprobadas.

En lo que corresponde a la comisión mixta, ésta deberá pronunciarse acerca de las normas relativas a la violencia, el efecto vinculante del acuerdo de grupo negociador en relación con los trabajadores adscritos al mismo y que deseen afiliarse a un sindicato y negociar, una norma sobre el derecho a información relativo a la planilla de remuneraciones, y la negociación con sindicatos interempresa en la empresa.

Es importante destacar que la declaración de que los derechos laborales deben ser ejercidos de buena fe y en forma pacífica, rechazada en bloque por los diputados de la Nueva Mayoría, parece un despropósito más considerando que la intención de la norma era la de establecer de manera expresa principios hoy existentes respecto a la forma en que deben ejercerse los derechos, tanto por trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales. No incluir estas menciones de manera explícita puede que no tenga una implicancia jurídica importante, pero sí son una señal de lo que se espera de las relaciones laborales, a lo que se agrega que el Ejecutivo en el proyecto original incluía menciones expresas sobre la materias y la tipificación de prácticas antisindicales que versaban sobre lo mismo.

Sin embargo, el punto pendiente que genera más polémica es el que dice relación con la negociación colectiva de los sindicatos interempresa. Lo que busca la comisión es reponer la norma del Ejecutivo que dispone la obligatoriedad de negociar regladamente con sindicatos interempresas a nivel empresa.

El problema de reponer estas normas no es la negociación en sí sino su obligatoriedad para todo tipo de empresa, en cuanto a que de esta manera se estaría introduciendo de manera solapada una especie de negociación ramal, pues aunque las empresas no negocien al mismo tiempo, el sindicato interempresa podrá negociar de forma paralela y simultanea con una conjunto de empresas lo cual puede llevar al mismo resultado, todo lo cual será perjudicial principalmente para las empresas de menor tamaño.

Pese a algunos ajustes que se hicieron al proyecto que en algún sentido moderan esta reforma en cuanto a devolver algunos derechos a los trabajadores individualmente considerados como son el descuelgue y la votación de nuevas ofertas del empleador, el proyecto no ha tenido cambios positivos que equilibren el poder del sindicato o que promuevan mejoras en productividad e inserción laboral. Considerando las mayorías legislativas no hay esperanzas de que el proyecto tenga mejoras que vayan por la línea correcta. Esperemos que nuestros trabajadores y emprendedores no sean las víctimas de decisiones políticas equivocadas.

Columna de Sergio Morales C., Abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en Chile B.-