10 de abril de 2018

Columna de Bettina Horst en Diario Financiero: “Problemas financieros en municipios”

Cada cierto tiempo se hacen públicos los problemas financieros que aquejan a algunos municipios. Ahora le tocó el turno al de Viña del Mar. Con un déficit de aproximadamente $ 8 mil millones para este año y una deuda de $ 13,5 mil millones, la situación se hizo conocida una vez que el municipio inició ajustes en su gestión.

No hay que ser economista para saber que los recursos son siempre escasos y las necesidades múltiples. Los municipios cuentan con un presupuesto anual, el cual generalmente es estable en el tiempo y por ende su planificación debe hacerse en estos márgenes, también estables. Pero como bien sabemos, los problemas financieros y las deudas no surgen de un día para otro, sino que en general son el resultado del gasto en exceso en forma reiterada en el tiempo. Cuando finalmente esta “bicicleta financiera” termina por no hacerse sostenible  –en el municipio generalmente con los proveedores y/o funcionarios a los cuales se les deja de pagar las imposiciones previsionales-  se debe sincerar esta situación.

El presupuesto del municipio de Viña fue aprobado por el Concejo Municipal en diciembre pasado y de acuerdo al acta de esa sesión, sin indicios que en los próximos meses se iban a encontrar en el escenario que hemos conocido recientemente.

¿Puede ser que no había información suficiente para poder anticipar lo que venía? Los concejos municipales cuentan con representación política de sectores que van más allá del alcalde, por lo cual no se puede argumentar que, al menos en un plano político, sea el alcalde el que lo maneje. Sin embargo, queda instalada la sensación que hoy los concejos han sido falibles a la hora de fiscalizar la situación presupuestaria de sus alcaldes. 

Pensando en positivo, quizás la fuente del problema está en que no cuentan con la información necesaria para hacer bien su labor. ¿Quizás desde el municipio no se les entrega la información suficiente para hacer bien su rol de fiscalizador? Y en esta situación, ¿quién fiscaliza al fiscalizador? ¿Qué pasa con el escrutinio desde afuera del municipio a su gestión y finanzas? ¿Con qué información cuenta la ciudadanía para realmente evaluar la gestión financiera de los municipios? 

Hoy existen tres fuentes de información municipal: el Sistema Nacional de Indicadores Municipales, elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. Al comparar la información entregada por cada uno de ellos, las cifras no conversan entre ellas y difieren entre sí. Resulta prácticamente imposible analizar y hacer seguimiento a la situación financiera y patrimonial de los municipios en Chile. Hoy no existe un ente fiscalizador que entregue alertas tempranas en cuanto al deterioro de las finanzas de algún municipio. No existe en los municipios un símil a lo que son las FECU en la empresa privada. La información es paupérrima y la situación solo sale a la luz pública cuando se ha hecho insostenible.  

La Subsecretaría de Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio del Interior, no sólo no ha sido capaz de generar más y mejor información de la realidad presupuestaria municipal, sino que es bien sabido que incluso se pudiera decir que ha sido parte del problema. Al contar con diversos fondos con espacios de discrecionalidad en la distribución entre municipios, finalmente puede ayudar a un determinado municipio a salir de aprietos financieros.  La mala gestión además se premia.

Para quienes creemos firmemente en la descentralización, las reiteradas noticias relativas a problemas financieros en los municipios no ayudan a avanzar en la materia. Por ello se hace urgente, además de contar con más y mejor información, dictar una ley de responsabilidad fiscal, tanto para los municipios como para los gobiernos regionales, los que en un futuro próximo contarán con autoridades electas. Este marco normativo debe establecer claramente las responsabilidades de las partes involucradas así como también mecanismos no discrecionalidades para solucionar el conflicto.

Columna de Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en Diario Financiero.-