11 de octubre de 2017

Desmunicipalización de establecimientos con buen desempeño: una excepción a la consigna

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La semana pasada se aprobó finalmente el proyecto de ‘Nueva Educación Pública’ o también conocido como de ‘Desmunicipalización’. Durante toda su tramitación se barajó la posibilidad de que el proyecto terminara en el tribunal constitucional por el hecho de expropiar sin compensación la infraestructura educacional de las municipalidades, infraestructura que en muchos casos ha sido construida con recursos municipales.

Una de las condiciones de la oposición para renunciar a la posibilidad de acudir al tribunal constitucional fue que se permitiera a las municipalidades cuyos establecimientos educacionales tuvieran buen desempeño, conservar voluntariamente su administración bajo ciertas condiciones. Aunque resulta difícil encontrar razones para oponerse a que sostenedores que están haciendo un buen trabajo sigan siendo sostenedores, los diputados de izquierda lo hicieron.

Lo anterior demuestra el carácter ideológico con que estos parlamentarios enfrentan la tramitación de las iniciativas educacionales, llegando al extremo de preferir poner en riesgo el desempeño de los establecimientos con tal de que estos pasen a manos del Estado. Estos parlamentarios son los mismos que dicen abogar por una educación de calidad entendida como derecho social, pero no tienen ningún reparo a la hora de poner en riesgo la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes que asisten a establecimientos que ya entregan un buen servicio educacional.

Si el objetivo del proyecto es precisamente mejorar el desempeño de los establecimientos que hoy están en manos de las municipalidades ¿No iría en contra de este mismo objetivo sacar del sistema a aquellos actores que han logrado con éxito esta difícil tarea? Hay quienes defienden esta idea argumentando que los buenos resultados de estos municipios se explican por variable socioeconómicas, pero es importante tener en cuenta que en este caso la medida del desempeño utilizada corrige los resultados por estas variables.

Afortunadamente, la posibilidad de que los municipios con buen desempeño mantengan voluntariamente la administración de sus establecimientos fue repuesta en la comisión mixta conformada para resolver las diferencias entre diputados y senadores. Sin embargo, una vez aprobada la iniciativa en ambas salas la izquierda vuelve a intentar deshacerse de esta posibilidad, aludiendo a que la ‘correcta’ interpretación de la ley es que esta opción podría ejercerse solo hasta el año 2030; año en que todos los servicios locales de educación deben estar instalados.

Más allá de cuál es la correcta interpretación de la ley aprobada, es preocupante comprobar que la ideología con frecuencia captura nuestro proceso legislativo, se sobrepone al uso de argumentos técnicos e incluso a la búsqueda del bien común. Incluso en este caso, lleva a sendas contradicciones ¿Dónde queda el supuesto derecho social de los alumnos que hoy asisten a establecimientos municipales con buen desempeño? Parece que hay excepciones en la consigna.

Columna de Cristina Tupper, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-