11 de Agosto de 2017

Reforma del Gobierno en materia de Pensiones: Solidaridad a costa de los trabajadores

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Finalmente el Gobierno firmó su propuesta de reforma al sistema de pensiones. Dicha iniciativa, que prontamente será enviada al Congreso, y  por ende sus detalles recién serán conocidos la próxima semana, plantea en esencia: la creación de un “Nuevo Ahorro Colectivo”, que implica un aumento en régimen de 5 puntos porcentuales en la cotización con cargo al empleador; los que serán administrados en su totalidad por un “Consejo de Ahorro Colectivo” (un nuevo ente estatal). Tal como ya se había anunciado previamente, de estos 5 puntos adicionales, en régimen 3 puntos irían a cuentas individuales y 2 puntos a ahorro colectivo (inter e intrageneracional, incluyendo una bonificación adicional a las mujeres pensionadas, que también corresponde a solidaridad intergeneracional o reparto).

En un principio, todo iría al nuevo pilar de ahorro colectivo y, más específicamente, todo a ahorro intergeneracional, incluyendo el apoyo a mujeres pensionadas. Luego, se contempla que en años posteriores baje la parte de la cotización que financia pensiones de otras personas para empezar a cotizar en beneficio de la propia pensión y así llegar en régimen a 3 puntos a capitalización individual y 2 puntos a ahorro colectivo.

Además los cambios incorporan un incremento del tope imponible cercano al 50% (de 75,7UF a 113,5UF) y una mejora al Pilar Solidario de tal modo de permitir que (al igual que una de las propuestas de la reforma presentada la semana pasada por Sebastián Piñera) los pensionados por retiro programado que reciben beneficios del Pilar Solidario mantengan su pensión constante en el tiempo. Adicionalmente, introduce un seguro de longevidad para pensionados por retiro programado que no estén en el Pilar Solidario, de tal modo que su pensión no sea inferior a una Pensión Básica Solidaria (siempre y cuando se cumplan requisitos que aún se desconocen), lo cual podría ser costoso y generar desincentivos a que pensionados opten por una renta vitalicia.

Por último, la reforma también contempla el ingreso de una serie de modificaciones al marco regulatorio del funcionamiento del sistema de las AFP, dentro de las cuales se mencionaron (en términos muy generales) entregar un mayor espacio a los afiliados para tener más control de las administradoras (permitiendo su participación en el directorio), empoderar a la Comisión de Usuarios en la elección de directores de las empresas en las que invierten las AFP, perfeccionamientos al sistema de licitación vigente y la eliminación de la comisión a quienes posterguen su edad de jubilación.

En lo que respecta al “Nuevo Ahorro Colectivo”, la reforma firmada por el gobierno corresponde a un cambio de paradigma en nuestro sistema previsional que podría tener efectos no deseados sobre las principales variables que influyen en las pensiones de los trabajadores: el empleo, la formalidad y el ahorro previsional.

El gran cambio es que, erróneamente, el gobierno optó por financiar mejoras en pensiones con cotizaciones de los trabajadores que tienen un empleo formal asalariado, estableciendo con ello un impuesto que sólo pagaría este grupo, que no necesariamente corresponde a los que más tienen. Esto tiene consecuencias negativas en el empleo formal (encarece el costo de contratación) y es regresivo, porque serán los trabajadores con contrato (y no necesariamente las personas de mayores ingresos) los que terminarán pagando los beneficios de los pensionados.

Si lo que se buscaba era mejorar pensiones, una mejor alternativa era profundizar el Pilar Solidario, ya sea mejorando sus beneficios o ampliando su cobertura. Éste se financia con rentas generales, y por ende es menos regresivo que el camino escogido por el gobierno.

En segundo lugar, el Nuevo Ahorro Colectivo elimina los derechos de propiedad sobre parte del ahorro de los trabajadores, puesto que éstos pasarían a financiar pensiones de “otros”, lo cual disminuye los incentivos a cotizar y fomenta la informalidad.

Adicionalmente, el Nuevo Ahorro Colectivo rompe la relación vigente en nuestro sistema previsional de “mayor ahorro, mayor pensión”, lo que genera desincentivos adicionales a la cotización.

Estas negativas consecuencias de la propuesta del Gobierno (menos ahorro, menos cotizaciones, menos empleo formal) agravan el problema que se quiere resolver, porque justamente lo que se requiere para mejorar las pensiones es más empleo formal, más ahorro, y que las personas en su vida activa coticen más y por más tiempo.

Cabe destacar que, si se instala de manera permanente el componente de reparto que el Nuevo Ahorro Colectivo crea (solidaridad intergeneracional o el que trabajadores financien con su cotización beneficios para los actuales pensionados), nuestra realidad socio demográfica (donde cada vez hay menos personas activas por cada persona jubilada) obligará a que cada vez se requieran más recursos para que los pensionados obtengan los mismos beneficios. Se requerirían cada vez más aportes de los trabajadores, y con ello se acentuarían los problemas y las negativas consecuencias antes mencionadas.

Por su parte, la creación del Consejo de Ahorro Colectivo corresponde a la instalación de un nuevo ente estatal que monopolizará la nueva cotización de los trabajadores, al impedir que los cotizantes elijan libremente quien administre su cotización previsional adicional. Además, el nuevo ente estatal, que según el propio ministro de Hacienda fue creado sólo con el fin de darle “legitimidad” al sistema de AFP, generará costos y riesgos políticos innecesarios al utilizar recursos fiscales que podrían haber sido usados, alternativamente, para mejorar las pensiones de quienes más lo necesitan. Nada asegura que dicho ente maximizará la rentabilidad de los fondos administrados y minimizará los costos administrativos, ambas variables claves para obtener mayores pensiones.

Un argumento similar se debe utilizar para evaluar los cambios que se proponen al marco regulatorio que rige a las AFPs, cuyos detalles aún desconocemos. Si bien es deseable introducir mayor transparencia, competencia y eficiencia en la gestión de las administradoras, cuando lo que se busca como objetivo deseable es mejorar las pensiones, esto no debe ser a costa de una menor rentabilidad o de mayores costos administrativos.

En suma, una primera lectura de la reforma, cuyos detalles aún desconocemos, nos permite señalar que el gobierno, al descartar incorporar todo el mayor ahorro en las cuentas individuales, desaprovechó la oportunidad de maximizar el incremento en las pensiones en todo lo que sería posible con el aumento de cotización. En caso de aprobarse estos cambios, se instalaría un componente solidario altamente regresivo, que podría traer serios perjuicios a las determinantes de una mayor pensión en el futuro.