Las secciones de cartas al Director están por estos días inundadas de sentidas misivas que llaman a conmovernos porque han muerto 865 niños en el SENAME desde el año 2005, sin que nadie tuviese conciencia siquiera de este número. Directores de instituciones venerables, como el Hogar de Cristo o María Ayuda, tienen tribuna hoy en los medios de comunicación para denunciar la precariedad del sistema de protección a los menores, su falta de recursos, su incapacidad de resolver los problemas de seguridad y atención de salud de los niños que viven en estos recintos. Políticos de distintos cuños denuncian la existencia de ilícitos y anuncian creación de comisiones investigadoras.

Uno diría que con este ambiente, es propicia la oportunidad para que nuestra sociedad reaccione, y seamos capaces de hacernos cargo de estos niños, los más vulnerables de Chile.

Pero no creo que ello ocurra.

Pasarán los días, la prensa desviará su atención a otro escándalo, algunos miles de millones de pesos de mayor asignación presupuestaria a SENAME se escurrirán por los intersticios de la burocracia y los políticos se concentrarán en la aprobación de algún proyecto de ley que; ya sea por la creación de un servicio público o una nueva regulación, aumentará su poder, les hará posible colocar a algún pariente, amigo o correligionario en una “pega”, y no favorecerá en nada a los ciudadanos.

No es posible concluir otra cosa si uno cae en cuenta de la lenidad con que se mira en nuestro país la captura del Estado por parte de grupos de interés.

Porque el SENAME es una institución cuyo principal objetivo es satisfacer las expectativas laborales de los más de 4.500 funcionarios que trabajan en él y sus centros de atención directa. Esa es la preocupación esencial del gobierno en relación a ese servicio y si alguien le dice otra cosa, miente.

La forma en que el gobierno resolvió la salida del Director Regional del SENAME de Valparaíso es una prueba palmaria de eso. Le pidió la renuncia a Esteban Elórtegui luego de 70 días de movilizaciones de los funcionarios que incluyeron huelga de hambre. Elórtegui ha denunciado que hay más de 20 funcionarios que tenían denuncias por maltrato a los menores, incluyendo entre ellos a dirigentes sindicales que incluso están sumariados por ello.

Pero esos funcionarios continúan en SENAME y Elórtegui ya no está. El Gobierno le pidió la renuncia.

Pese a que el gobierno de Piñera presentó hace ya varios años un proyecto de ley para reformar el SENAME, dividiéndolo en dos servicios, uno de los cuales se haría cargo de los niños con conductas delictuales y el otro de los niños abusados y vulnerables, éste duerme en los pasillos del Congreso. El gobierno de Bachelet no le dio urgencia a su tramitación. ¿La razón? No es sólo un cálculo político mezquino, lo que ocurre es que las agrupaciones de funcionarios de SENAME se oponen al proyecto.

Nos hemos enterado de las muertes de niños del SENAME por el caso de la niña Lissete, pero hay muchas más Lissetes que mueren en Chile porque no hemos sido capaces de terminar con la captura del Estado.

Las listas de espera para consultas de especialidad y cirugías, y para la atención de urgencias en los recintos de nuestro sistema público de salud se han abultado, y en ese proceso, según cifras del propio Ministerio de Salud, se registra una mortalidad de 2.500 personas al año. Esas muertes no se han visibilizado y no vemos entonces tantas cartas al Director ni reportajes de televisión, ni políticos formando comisiones investigadoras.

La silenciosa procesión de muertos de nuestro sistema público de salud, nuevamente, tiene mucho que ver con la captura del Estado. Reformar el Ministerio de Salud y sus organismos dependientes para terminar con esta situación se enfrenta con la oposición de los funcionarios públicos.

Y mientras, los medios de comunicación, los políticos y todos los poderes del Estado están muy  preocupados de protegernos el bolsillo al 16% de chilenos que estamos asegurados en las ISAPRE, pero no de proteger la vida al 84% de los asegurados por el sistema público de salud.

No evitaremos estas muertes mientras no se reforme el Estado, lo demás es pura y simple hipocresía.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, en El Mercurio.-