Parapetado detrás del rostro amable de la gratuidad y a punta de glosas (una suerte de notas al pie de página) en la Ley de Presupuesto, el gobierno socialista de Michelle Bachelet avanza hacia su objetivo de controlar ideológicamente a los chilenos a través de la Educación.

Porque no habrá gratuidad en la educación superior. No hay plata suficiente ni tampoco es técnicamente factible que coexista la gratuidad total con universidades privadas. El mecanismo de fijación de más de diez mil precios en la forma de aranceles y las limitaciones a los aumentos de la matrícula, entre otras cosas, harán impracticable la gratuidad.

Lo que quedará entonces, serán las imposiciones que el Estado hará a las universidades privadas que postulen a los recursos fiscales para financiar la “gratuidad”. Ellas tendrán que optar entre mantener su autonomía y preservar su proyecto educativo o ceder a las imposiciones en relación a materias tan importantes como el gobierno corporativo para recibir recursos del Estado.

Así, el gobierno de Bachelet avanza sin transar una coma en su objetivo de cambiar radicalmente la educación en Chile. Ya lo hizo antes con la reforma tributaria, donde, contra viento y marea y sumiendo a Chile en una fuerte contracción de la economía, impuso a troche y moche una reforma que aumentó en tres puntos del PIB la carga tributaria y llevó la tasa de impuesto a las utilidades de las empresas al segundo lugar de los 34 países de la OCDE, en circunstancias que Chile es el tercer país más pobre de la organización. El resultado ha sido desastroso para el país. Se han completado dos años de bajas en la inversión, un período más prolongado del que vivimos en 1999 después de la crisis asiática y en el 2009 después de la crisis subprime. El IMACEC del mes de agosto, que anticipa la evolución del PIB, alcanzó a un 1,1% y la medición del PIB en relación al período inmediatamente anterior, lo que los economistas llaman la velocidad y corresponde a la forma en que se mide en la mayoría de los países, ha pasado a ser negativa.

La ley de presupuesto 2016 mantiene el déficit por sobre el 3% del PIB y hace crecer el gasto más del doble de lo que aumentará el producto. Aun así, algunos se atreven a llamarlo austero.

Los economistas nos devanamos los sesos tratando de encontrar salidas a esta situación, y pareciera que al gobierno de Michelle Bachelet esto lo tiene absolutamente sin cuidado. Ya lograron su objetivo de disponer para los burócratas que manejan el aparato del Estado cerca de ocho mil millones de dólares más, que repartirán en honorarios y remuneraciones para sus parientes y correligionarios o repartirán en forma de bonos para asegurarse que los chilenos sean cautivos del Estado y los políticos.

La reforma laboral sigue su camino, entregando un poder inmenso a los sindicatos dominados por el Partido Comunista y sometiendo tanto a los trabajadores como a las empresas a los dictados de los dirigentes sindicales. El gobierno, nuevamente, no ha cedido un ápice en su proyecto original, que incluso era menos dañino que el actual, y el ministro de Hacienda ha demostrado que no tiene influencia para oponerse a los propósitos de la CUT. Pese a que no estaba entre las tres reformas emblemáticas del programa de Bachelet, el poder real de la CUT y el Partido Comunista pronto convirtieron a la reforma laboral en el cuarto eje programático de la Nueva Mayoría.

La única reforma que no ha avanzado es la que pretende dotarnos de una Nueva Constitución. Para reparar esto, la Ley de Presupuesto 2016 incluye en las partidas del Ministerio del Interior, de la Segpres y de la Segegob recursos por más de 2.800 millones de pesos para estudios de la reforma constitucional, permitiéndose la contratación de hasta 239 personas. ¿Qué harán esas personas? ¿Quiénes serán? ¿Serán activistas para explicarle a la gente lo importante que es reformar la constitución, necesidad que tiene hoy el país según se deduce de palabras de la Presidenta Bachelet en una entrevista hace algún tiempo?

El gobierno de Michelle Bachelet tiene, en cualquier medición, menos de un tercio del apoyo de los chilenos. Ello, no obstante, no los ha detenido ni un centímetro en su intento de hacer una transformación radical en la sociedad chilena. Mientras los líderes de la oposición no caigan en cuenta de ello y decidan oponerse con firmeza a estas reformas, el gobierno de Bachelet seguirá cumpliendo su propósito.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, publicada en El Líbero.-