Solo unos pocos chilenos sabían de la existencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de los alcances de sus sentencias y menos se conocía el Pacto de Bogotá.

Luego del fallo sobre delimitación marítima entre Chile y Perú esas instituciones se hicieron famosas entre nosotros: la mayoría las conoce y asumido la relevancia de esa Corte, para bien o para mal.

Su sentencia en el diferendo chileno-peruano acogió tres aspectos fundamentales invocados por Chile: la validez de los tratados internacionales; el punto de partida del límite marítimo y la aplicación del paralelo que lo atraviesa.

Hasta aquí había motivos de satisfacción por la recta aplicación de la justicia y del derecho internacional. Sin embargo, surgieron la sorpresa y la desconfianza en ese tribunal cuando sentenció, que por un "acuerdo tácito" -que no fue mencionado ni discutido por las partes- correspondía delimitar a través del paralelo por solo 80 millas, para luego aplicar la equidistancia.

Una encuesta reciente de la Universidad del Desarrollo registra opiniones negativas sobre el proceder de la Corte de La Haya: 67% de los encuestados estima que su fallo no se ajustó a derecho; un 85% opina que impulsó a la demanda boliviana y, según 71%, la Corte merece poca o ninguna confianza.

El escepticismo sobre la aplicación de la justicia por La Haya ha sido oscilante y en un momento, prácticamente mundial. En 1972 ningún país recurrió a sus decisiones. Luego enmendó hacia rumbos más confiables, de los cuales parece haberse apartado.

Hoy se inicia una semana de alegatos orales sobre la incompetencia de la Corte para conocer la demanda boliviana. Fundadamente, la defensa chilena no le reconoce competencia por tratarse de un asunto resuelto por el Tratado de Paz de 1904 que fijó la frontera con Bolivia, la soberanía chilena sobre el territorio costero, el régimen de libre tránsito y otras prestaciones nacionales. Por disposición del Pacto de Bogotá de 1948 le está vedado a la Corte juzgar asuntos convenidos por tratados anteriores a su vigencia. De nada deberían valer los artificios bolivianos de eludir el incumplimiento del Tratado de 1904 mediante su reclamación de un supuesto incumplimiento chileno de una inexistente obligación de negociar una salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia.

Los jueces de La Haya, admitiendo la alegación chilena sobre la incompetencia de la Corte, tienen la oportunidad de recuperar la confianza perdida por su infausto fallo en la delimitación marítima entre Chile y Perú. Así debería ocurrir: contamos con el respaldo del derecho internacional y de un excelente equipo jurídico.

Columna de Hernán Felipe Errázuriz, Consejero de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-