A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE JUAN ANDRÉS FONTAINE, CONSEJERO DE LYD, PUBLICADA HOY EN PULSO.

Ayer ingresó al Congreso la anunciada reforma tributaria del Gobierno de Michelle Bachelet. Se trata de un proyecto extenso y que cambia radicalmente el sistema impositivo en Chile, además de alterar e introducir impuestos específicos en variados temas. Por la complejidad de su contenido, vienen días de análisis y es de esperar, de un debate técnico y con sentido país a la altura de un tema de tan crucial importancia. Por el momento, y como reflexión inicial, parece apropiado apelar a la sabia recomendación del presidente de Uruguay, José Mujica, en su visita a Chile: “cuiden lo que tienen”.

La propuesta tributaria fue planteada al país como un medio para recaudar US$ 8.200 millones con el fin de financiar una gran reforma educacional y otros programas de protección social, además de eliminar el déficit fiscal. Comparto los objetivos, no los medios. Me gustaría primero conocer de qué se tratan específicamente los proyectos, sus gastos detallados y el calendario de implementación. Con eso en la mano, se debe abrir la discusión de cómo financiarlo. Tampoco me parece que sea prioritario eliminar el déficit en cuatro años.

Sobre este punto, hay que llamar la atención que el programa de gobierno supone un crecimiento del 5% para, en conjunto con la reforma tributaria, recaudar lo que exigen sus compromisos de gasto. Si la economía se estanca o crece poco, lo ganado con la reforma se perdería. Entonces, cuidado con pensar que los “ingresos permanentes” que se esperan de la reforma, y que solventarían “gastos permanentes”, están en verdad asegurados.

El debate tributario que se inició ayer es crucial no sólo por su impacto en la macroeconomía del país y las repercusiones fiscales que traerá, sino que porque los impuestos –su nivel y estructura- dicen mucho sobre la sociedad que queremos ser: ¿Queremos o no premiar el trabajo aplicado? ¿Valoramos el dar trabajo? ¿Queremos o no impulsar la creatividad, el emprendimiento? ¿Priorizamos la austeridad y el ahorro, o  favorecemos el consumo? ¿Estamos o no con premiar la producción de bienes y castigar la producción de males? Muchas de las respuestas a esto son moldeadas por el sistema tributario y de ahí el trasfondo de la discusión que comienza.

Uno de los temas que más me preocupa en la propuesta del Gobierno entrante, es la señal de “castigo” a los emprendedores y a los creadores de empleos, al someterlos con hasta 35% de impuesto a la renta, porque más allá del intento de suavizar esta cifra, la verdad es que eso es lo que propone la reforma al llevar la tributación sobre las rentas reinvertidas desde 20% a 35%. De implementarse así, esa sería: ¡la tercera tasa corporativa más alta de la OCDE! Sólo la superarían las tasas de de EE.UU. y Japón, países mucho más ricos que el nuestro y cuyo sistema tributario tiene muchas excepciones, lo que lleva  a emprendedores y empresarios de esos países a pagar al final pagan menos que en Chile hoy.

Lo nocivo de este aspecto de la reforma no es sólo el golpe a las empresas, sino que se pone en riesgo el principal logro del último tiempo: la creación de un millón de empleos en cuatro  años, con el consiguiente impacto positivo en la calidad de vida de todas esas familias. ¿Será compatible una reforma tributaria como la que se plantea con mantener tasas de desempleo en torno al 6% como en la actualidad? ¿Permitirá a la economía seguir creando 200.000 empleos por año? Pienso que no.

En sus declaraciones, la Presidenta Bachelet sólo nos promete que su nuevo sistema impositivo no va a frenar el crecimiento. Eso no basta. Las tasas de crecimiento de 3 a 4% que tenemos son claramente insuficientes, es imperioso volver a crecer al 5-6%. ¿Contribuye a eso la Reforma Tributaria? Para nada.

Me preocupa en especial el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. No me refiero a las micro empresas (unas 600 mil personas naturales con actividad empresarial en establecimientos típicamente unipersonales), sino a las  cerca de 200.000 Pymes (con un promedio de 10 trabajadores cada una) que aparentemente perderían la posibilidad de rebajar a cero el impuesto pagado sobre toda o una parte de sus utilidades retenidas. La fórmula del llamado 14 ter que el gobierno se propone ampliar, es inferior al de los mecanismos que se derogarían. Además, otras 15.000 compañías semi-grandes con ventas anuales entre US$ 4 y 10 millones, que emplean más de 100 trabajadores, también estarán en la lista de perdedores, enfrentando ya sea un alza de la carga tributaria o la demorosa tramitación con el SII para obtener una devolución parcial del 35% pagado anticipadamente. Tampoco me convence el llamado “cambio de sujeto del IVA” para las pyme que venden a empresas grandes: aportará sin duda a una mejor fiscalización por parte del SII, pero no veo por donde pueda ayudar a las pyme.

La eliminación del DL 600 parece una medida innecesaria que no tendría más explicación que dar una señal política y desechar un instrumento que ha aportado a la inversión en el país. Si en verdad el DL 600 fuese irrelevante para los inversionistas caería en desuso por sí solo.

En otros temas, parece positiva la señal de rebaja del 40 al 35% de los impuestos a las personas y queda por verse si los llamados “impuestos verdes” están formulados de manera correcta para aportar al medioambiente sin dañar la viabilidad de los proyectos. También el nuevo régimen impositivo para los alcoholes es interesante; no obstante, en el impuesto a las bebidas azucaradas cabe al menos preguntarse por qué se escogió este producto y no otros, como chocolates o golosinas, con similares o superiores niveles de azúcar.

Las observaciones anteriores hacen pensar que hay un gran desafío por delante en el debate parlamentario de contribuir a que la reforma no perjudique el ambiente favorable a la creación de empleos, el emprendimiento y la inversión de que ha gozado el país en los últimos años. Ojalá se consideren otras ideas, como por ejemplo, avanzar gradualmente hacia un sistema de flat tax con una tasa de por ejemplo 25%, una regionalización tributaria que permita a las regiones beneficiarse de los proyectos de inversión que se instalen en su zona, y un mayor énfasis en la tributación de los “males” –contaminación, congestión, tabaco y alcohol- en lugar de penalizar a las fuentes de producción de bienes.