A continuación reproducimos la columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en el sitio El Mostrador Mercados:
Se acerca la discusión sobre el presupuesto para el año 2013, y una vez más el foco principal está puesto en los recursos que irán a educación. El año pasado, luego de un trámite que se extendió más de lo normal, se aprobaron casi US$ 12.000 millones para este sector, que significaron un aumento de US$ 1.200 millones respecto al año 2011 y terminaron representando un tercio del crecimiento del presupuesto general de la nación el 2012.
A pesar de este importante crecimiento, persiste la idea de que urge más dinero, sin siquiera tener bien definido en qué gastarlo. ¿Será la discusión del presupuesto la instancia adecuada para definir las medidas que realmente tengan un impacto en el centro de nuestro sistema educacional? Posiblemente no, pues ya hemos visto que más recursos no se traducen directamente en mejoras de equidad ni calidad. El primer paso debe ser determinar cuáles son los programas efectivos, que realmente logran el impacto deseado, y desde ahí establecer cuánto dinero se requiere.
Entre los años 2011 y 2012, en gran medida debido a la presión ciudadana, se enviaron proyectos que buscaron cambiar o perfeccionar la institucionalidad y el destino de los dineros en educación, justamente con el objetivo de mejorar la efectividad.
La creación de una nueva carrera docente, que supone US$ 288,6 millones el año 2013 (un 36% más que la carrera actual) y US$ 1.184 millones en régimen el 2023; la Superintendencia de Educación Superior, que significa US$ 3,5 millones anuales desde 2013; el nuevo Crédito Único para Educación Superior, que costaría US$ 38,4 millones más que el sistema actual el año 2013 (aproximadamente US$ 140 millones más en régimen desde el 2020). Todos estos son proyectos que de una u otra forma buscan mejorar la calidad y el acceso, pero que aún se discuten en el parlamento, y cuya principal limitante no es su costo, sino lograr los acuerdos para sacarlos adelante. Los recursos escasos son siempre una restricción, es cierto, pero en materia educacional, más que en cualquier otro sector, los esfuerzos se están haciendo; lo que falta es voluntad para su rápida discusión y aprobación de estos y otros proyectos clave.
El presupuesto no puede traer muchas sorpresas, pues está determinado en base a los acuerdos logrados con anterioridad. Lo que sí se puede definir son montos que afecten la cobertura en educación, como por ejemplo, el dinero que se destinará a becas de educación superior (que ya creció desde US$ 370 millones en 2011 a US$ 690 millones en 2012), el presupuesto para subvenciones (que creció en US$ 500 millones el 2012, llegando a US$ 6.400 millones), así como los recursos dirigidos a aumentar los cupos para el sector preescolar (la meta autoimpuesta por el gobierno fue de alcanzar cobertura total en kínder y pre kínder para el 60% más vulnerable de aquí al año 2014).
Es de esperar entonces que la discusión del presupuesto no se desvíe a asuntos que deben tratarse en otros momentos, que se mantenga en mente para qué es esta instancia y lo que se puede y no se puede conseguir en ella, guardando también energías para la tramitación de todos los proyectos que, más allá de su costo, realmente son los que permiten mejorar la calidad y equidad de nuestro sistema educativo.
