En el escenario actual, marcado por múltiples debates en torno a diversas temáticas ambientales -como son el cambio climático, la biodiversidad, la economía circular y la conservación de ecosistemas, entre otras-, la magnitud de los impactos asociados a cada tema ha favorecido la tendencia a diseñar respuestas fragmentadas, olvidando -y a veces derechamente contraviniendo- la Ley N°19.300 y su rol unificador de la acción ambiental estatal. Esto ha traído como resultado una erosión de la gestión ambiental promovida por la Ley de Bases, mermando la capacidad del país de enfrentar los desafíos ambientales de manera coherente y consistente.

Restringir la gestión ambiental a una idea puramente teórica, a un enunciado abstracto, nos hace olvidar que ésta se manifiesta en forma concreta y práctica en cada decisión regulatoria y en las acciones del ámbito ambiental que emprendan los organismos del Estado. Así, la gestión ambiental es la práctica cotidiana que atraviesa la institucionalidad y que determina, en última instancia, la coherencia de la política ambiental nacional.