El Gobierno del presidente Kast ingresó ayer el proyecto de Reconstrucción Nacional y su gabinete trabaja afanosamente para lograr las mayorías necesarias de modo que la Cámara de Diputados apruebe la idea de legislar. El propósito principal es reactivar la economía y permitir la creación de empleos que disminuyan la desocupación de más de 800.000 personas que existe hoy en el país, creando en el corto plazo 180.000 empleos formales. El trámite en particular que sigue a la aprobación en general nos dirá cuánta fuerza motriz puede agregar a la economía chilena este plan. Por último, el proyecto deberá ser aprobado por el Senado. El Informe de Impacto Regulatorio estima que las medidas propuestas elevarían en al menos 8,18 puntos del PIB el producto en los próximos 10 años. Al 2030 el objetivo es disminuir la tasa de desempleo desde 8,3 a 6,5%, alcanzar un crecimiento promedio anual de 4% y restablecer el equilibrio fiscal estructural.
Como es obvio, las medidas que se proponen discurren en dirección opuesta a aquellas que en nuestro pasado reciente han contribuido a la notoria decadencia de la economía, como han sido las alzas al impuesto corporativo (único caso en la OCDE en 25 años) o la desintegración tributaria que obliga a pagar dos veces impuestos por la misma renta. De hecho, es el primer proyecto que rebaja la carga tributaria desde 1990. Incluyen, además, una serie de otros cambios legales que contribuirán a aumentar el ahorro y la inversión, constituyéndose en un robusto plan de Reconstrucción que no tiene parangón en la economía chilena en los últimos años. Con ello, el Gobierno de Kast está cumpliendo sus promesas de campaña en lo concerniente a afrontar una situación de emergencia económica en el país.
Ahora bien, más allá de la voluntad, lo que prevalece en definitiva a la hora de evaluar la gestión de un gobierno es su capacidad de llevar a la práctica sus ideas. Y esta depende, en forma importante, de la pericia de los ministros que tienen a su cargo la reforma; en este caso fundamentalmente el ministro Quiroz en lo técnico y los ministros Alvarado y García en lo político con apoyo del resto del gabinete.
Pero el resultado también depende de la oposición. Y aquí la pregunta es cuál es el rol que quieren jugar los distintos partidos que la componen. ¿Negarán la sal y el agua al Gobierno, apostando simplemente a su fracaso? ¿O harán una oposición constructiva, intentando negociar con el Ejecutivo para incluir algunas medidas que a su juicio mejoren el proyecto? ¿Habrá distintas actitudes en la oposición?
La primera reacción ha sido dura. Rápidamente el conjunto de la oposición se alineó con el pueril discurso de que este era un proyecto para beneficiar a los ricos y quitar beneficios a los pobres. Es que cuando la oposición no tiene un proyecto que ofrecer al país, simplemente recurre al populismo.
La evidencia sobre los efectos de disminuir la tasa corporativa es concluyente. Klaus Schmidt-Hebbel sistematizó el año 2017 la literatura sobre la relación entre impuesto corporativo e inversión y descubrió que en 29 de 31 estudios internacionales se concluye que los aumentos de impuestos corporativos tienen efectos negativos y significativos sobre los ahorros, la inversión o el crecimiento. La evidencia chilena, en un estudio del año 2007 (Hsieh y Parker), demostró que la rebaja del impuesto sobre utilidades retenidas en los años 80 impulsó con fuerza la inversión agregada. Vergara, en 2010, estimó un alza de 3 puntos del PIB como efecto de esa reforma de Büchi. Cerda y Larrain por su parte, en 2005 y 2010, han cuantificado efectos negativos sobre el stock de capital, el empleo y los salarios de alzas en la tasa corporativa.
Un reciente estudio de la OCEC de la Universidad Diego Portales actualiza la evidencia, estudiando 80 países entre 1981 y 2024 y estima que reducir 1 punto la tasa corporativa produce a 10 años un aumento de inversión entre 2,37% y 4,8% y un aumento del PIB entre 0,38 y 0,78 %. Varios economistas que no son partidarios del Gobierno del Presidente Kast, como Sebastián Edwards, Alejandro Micco y Manuel Agosín entre otros, han destacado efectos positivos del proyecto.
Uno podía esperar que el partido Comunista y el Frente Amplio ignoraran esa información. Pero que economistas del llamado socialismo democrático permanezcan de espaldas a la evidencia es más preocupante. Parecieran haber renunciado a sus fueros, para unirse acríticamente a la razón populista de sus socios en el anterior Gobierno.
El significante vacío, en la teoría de Ernesto Laclau, filósofo referente del Frente Amplio, es un concepto ("pueblo", "libertad", "cambio") que carece de un significado fijo y específico, permitiendo que diversos sectores sociales lo carguen con sus propias demandas. Funciona como un aglutinador hegemónico que unifica una "cadena de equivalencias" contra un enemigo común, esencial para la construcción de una identidad popular.
El llamativo fracaso de la aplicación de este concepto durante el Gobierno de Gabriel Boric, en particular en su proyecto refundacional de nueva Constitución, no solo no ha hecho recapacitar a los seguidores de Laclau, sino que ha confundido al socialismo democrático. La ausencia de liderazgos en ese sector que se diferencien de comunistas y frenteamplistas es impactante. Pareciera que su adhesión al concepto de significante vacío los ha dejado también con un liderazgo vacío.
Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en El Líbero.-
