EL RUBICÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA

El manejo que los Estados tienen de las fronteras ha cambiado radicalmente en el mundo. Fenómenos como la migración descontrolada, el crimen organizado transnacional y las amenazas del terrorismo global, han desviado el foco de la administración fronteriza hacia el ámbito policial más que al militar y económico (vinculados a la protección de soberanía y de resguardo aduanero respectivamente). Una realidad que ha incentivado a varios países a buscar puntos de encuentro entre sus políticas de seguridad internas y externas.

En el caso de Chile, la preocupación por la vulnerabilidad de nuestras fronteras, en el contexto de este nuevo escenario global, se remonta al primer Gobierno de Sebastián Piñera, ocasión en donde se impulsó el Plan Frontera Norte. Este último buscaba combatir al crimen organizado evitando el ingreso y salida de droga y contrabando del país.

Este enfoque, en el cual la protección de las fronteras adquiere importancia para la seguridad interna, fue asentándose en Chile. En este contexto, el Ejército, pese a no tener facultades fronterizas permanentes, comenzó a jugar un rol más presente a través de la orientación de políticas públicas y la promulgación de nuevos instrumentos legales.

En esta línea, la Política de Defensa Nacional de Chile del año 2020 reconoció al crimen organizado como una potencial amenaza a la seguridad nacional, ante la cual el sector Defensa, donde se incluyen a las FF.AA., “tiene una responsabilidad de colaboración, particularmente en los ámbitos de control de zonas fronterizas”. Posteriormente, el año 2023, se promulgó la Ley de Infraestructura Crítica (N° 21.542), que entregó al Presidente de la República la atribución de disponer que las FF.AA. temporalmente se hagan cargo, entre otras cosas, de la protección de las zonas fronterizas mediante las herramientas de control de identidad y registro.

Actualmente, el Gobierno de Gabriel Boric elaboró una actualización de la Política de Defensa. Si bien esta aún se encuentra en Contraloría, se han conocido algunos de sus contenidos a través de la prensa. Entre estos, destaca el reconocimiento de atribuciones para las FF.AA. ligadas a seguridad interior: la protección de la infraestructura crítica y el resguardo de la frontera.

Dentro de su programa de gobierno, el Presidente electo José Antonio Kast declaró querer avanzar en este mismo sentido. El Plan Escudo Fronterizo plantea la necesidad de que las Fuerzas Armadas y de Orden se constituyan como una Fuerza de Tarea Conjunta que tome “el control absoluto de la frontera norte”. Además, se establece el objetivo de que los militares tengan la facultad para detener, reconducir y expulsar a cualquier extranjero que cruce ilegalmente. A todo lo anterior se suma el hecho que, en el documento de presentación del futuro gabinete, se incluyó al Ministerio de Defensa como parte de las carteras que enfrentarán la emergencia en seguridad, en conjunto a RR.EE., Justicia y Seguridad.

La suma de todo lo anterior da pie a una conclusión indiscutible: el involucramiento de las instituciones de defensa en materias de control fronterizo constituye una realidad irreversible. Quizás pueda discutirse el grado y la forma en que estas deban hacerse presente, pero muy difícilmente podrá darse marcha atrás a este proceso. En otras palabras, el Ministerio de Defensa ha cruzado su propio Rubicón. Recordando a aquel río de la península itálica que Julio César cruzó el año 49 a.C. desencadenando con esto la historia.

Frente a este panorama, el futuro ministro de Defensa, el abogado Fernando Barros, tiene un doble desafío: no solo deberá dedicarse a aquellas materias que le son tradicionales a su cartera, sino también a las nuevas que se han sumado en este contexto de emergencia. Si tenemos en cuenta que, desde el comando de Kast, se han planteado metas ambiciosas (disminuir los cruces ilegales en un 80% los primeros seis meses y duplicar las reconducciones en los primeros tres), el rol que cumpla esta cartera será clave durante los próximos cuatro años.

Columna de opinión del Investigador del Programa Política y Sociedad Civil, Daniel Rebolledo, en Cooperativa.cl