El programa del Presidente Boric buscaba terminar con las Isapres. Un objetivo absurdo dada la historia y el funcionamiento del sistema de salud chileno que, pese a sus dificultades, logra una esperanza de vida superior al promedio de los países OCDE.

A fines de 2022, un cuestionado fallo de la Corte Suprema le dio la oportunidad de cumplir esa irracionalidad. Uno posterior ahondó la crisis y dejó al borde del precipicio a todo el sistema de salud. En ese contexto, el gobierno empujó, a cambio de atenuar los efectos de los fallos, la creación de una nueva modalidad de Fonasa que allanara el camino hacia un “Fondo Universal de Salud”.

Con la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), los usuarios de Fonasa que cuenten con recursos para pagar un monto adicional al 7% podrán acceder a una mejor cobertura financiera en prestadores privados, que alcanza en promedio un 38%, pero es mucho menor en hospitalizaciones. A más de un año de publicada la ley, aún no se sabe cuál será la prima para los usuarios. Esa incertidumbre se debe a que en la primera licitación para que aseguradoras operaran la MCC, ninguna se interesó. Recientemente se presentó una nueva licitación cuyos resultados se conocerán a fin de año.

Durante la tramitación de la ley, el gobierno insistió en que la MCC no generaría costos para el Estado. Serían los afiliados los que pagarían, con sus propios recursos, la posibilidad de evitar las largas listas de espera de la salud estatal y acceder a este “Fonasa VIP”.

Sin embargo, para evitar una nueva licitación desierta, el Presupuesto 2026 contempla que la MCC contará con recursos para corregir sus falencias de diseño. A ello se suma que, para atraer a los prestadores que funcionen bajo esta modalidad, Fonasa aumentó sus pagos. Por lo tanto, la MCC sí tendrá un costo fiscal, aunque es imposible anticiparlo. Este subsidio, financiado por todos los chilenos, no beneficiará a los más pobres, ya sea porque no tienen recursos para pagar la MCC o porque ella excluye al 19% de los beneficiarios de Fonasa (3 millones de personas) que por ley no pueden acceder. Se argumentará que los beneficiará indirectamente, ya que la MCC hará que más pacientes se atiendan en el sector privado, liberando espacio en los hospitales estatales. No se me ocurre una forma más regresiva, indirecta e ineficiente de “avanzar”.

Así, el gobierno legará un mecanismo que ofrece atención oportuna sólo al que puede pagar, que destina recursos públicos sólo para los más ricos dentro del seguro estatal, que excluye a los más pobres y de incierto costo fiscal. No es una política pública de la cual enorgullecerse. Tampoco el no haber enfrentado la baja productividad de la salud estatal, el origen del problema que, durante la era Boric, ha sumado 500 mil personas a las listas de espera.

Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-