Las últimas cifras del mercado laboral dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) continúan mostrando un panorama de poco dinamismo. La tasa de desocupación nacional se ubicó en un 8,5%, registro algo menor al mismo dato del año anterior, pero que ha mostrado una sostenida debilidad desde el segundo trimestre de 2022. En mujeres el panorama sigue siendo aún más preocupante, con un desempleo que no baja del 9% y una tasa de ocupación menor al 50%. Es decir, de las mujeres que están en edad de trabajar, solo el 48% tiene un trabajo, proporción que en hombres es de 65,7%. La tasa de desocupación en jóvenes llega al 20% y en mayores de 55 años a 4,7%, ambas medidas varios puntos porcentuales por sobre su promedio histórico prepandemia.
Aunque en doce meses se crearon cerca de 134.000 nuevos puestos de trabajo, el empleo formal se ha desacelerado, lo que se explica principalmente por una menor creación de empleo asalariado formal. En contraste, el número de empleos informales ha retomado mayor dinamismo y, si bien el número de personas que trabajan en la informalidad es más bajo que el máximo postpandemia alcanzado en abril del año pasado, sigue siendo un registro muy elevado que se ubica en torno a 2,5 millones de trabajadores. La consecuencia: todavía faltan por recuperar cerca de 259.000 puestos de trabajo para alcanzar los niveles de ocupación de antes de la pandemia. Este déficit se concentra de manera crítica en jóvenes y mayores de 55 años.
Estas cifras están lejos de ser positivas y no sorprenden, pues el deterioro del mercado laboral responde no solo al magro desempeño de la economía (donde crecer un par de décimas más que lo previsto no hace la diferencia), sino que también a un conjunto de leyes que han significado un aumento relevante en los costos laborales para las empresas, de hasta 24% real a la fecha, dependiendo del tamaño de la empresa y de la proporción de trabajadores afectos al salario mínimo.
De este efecto, dan cuenta no solo las estimaciones del Banco Central -que proyectó una caída promedio en el empleo de 5,6%, en empresas con alta proporción de trabajadores afectos al salario mínimo y de 1,5% en el empleo asalariado formal- sino que también otros indicadores de oferta laboral, como el índice de avisos laborales y las cartas de despidos de las empresas, reflejan que los mayores costos no son inocuos para las empresas y que afectan la contratación de trabajadores. Además, los trabajadores menos calificados, aquellos que tienen como máximo nivel el secundario, se han mantenido en niveles que son 12% inferiores en promedio al dato previo a la pandemia, lo que es consistente con el efecto que el alza del salario mínimo tiene en estos grupos y la automatización.
No podemos seguir perpetuando la fragilidad del mercado del trabajo, pero, de no existir medidas que incentiven la inversión y el desarrollo del capital humano, es imposible crecer más y generar empleos formales. También se requiere impulsar la participación femenina en el mercado laboral y no seguir aumentando los costos laborales de las empresas, de tal manera se alcancen niveles de ocupación más altos, con mejores puestos de trabajo y permanentes.
Columna de Ingrid Jones, Economista, publicada en el Diario Financiero.-