Actualmente hay casi tres millones de personas en listas de espera de Fonasa. En gobiernos de distinto signo, el número de chilenos sin acceso a salud oportuna solo ha crecido. Pese a lo lamentable de la cifra, no sorprende: no hemos hecho nada distinto, salvo aumentar el gasto público en salud, que se quintuplicó en términos reales entre 2003 y 2023.

Parte de la explicación de por qué con más recursos no hay más egresos hospitalarios está en la caída de la productividad hospitalaria en las últimas décadas (Unab, 2024) y en los débiles incentivos que enfrenta el personal de salud estatal (LyD, 2025). El proyecto de modernización de Fonasa que hoy se discute en el Congreso va en la dirección correcta, pero es claramente insuficiente y no modifica la institucionalidad del seguro estatal para que proteja efectivamente a sus afiliados. ¿Qué hacer entonces?

No hay balas de plata, pero ante la preocupante realidad de la salud estatal conviene usar todas las herramientas, incluyendo las asociaciones público-privadas no solo en infraestructura, sino también en la concesión de la gestión clínica de hospitales. En Perú, Brasil, España y Portugal estas asociaciones muestran dinamismo y, sobre todo, mejores resultados que la gestión tradicional: ahorros de cientos de millones de euros en Portugal, menor uso de insumos en Sao Paulo, menor mortalidad en Madrid y mayor satisfacción de usuarios en Lima (Eguiguren, 2025). En cambio, en Chile las llamadas concesiones de “bata blanca” son escasas: el proyecto Áncora UC en Puente Alto y La Pintana, y la Clínica Nueva Cordillera en Las Condes.

En algunas de las experiencias internacionales mencionadas cubren desde atención primaria hasta hospitalaria, fortaleciendo prevención y eficiencia en el uso de recursos. Bajo estos modelos el Estado deja de ser “juez y parte” en provisión y fiscalización, abandona la gestión —donde no tiene ventajas comparativas— y se concentra en diseñar marcos regulatorios competitivos y en fiscalizar contratos.

Es posible que este tipo de asociaciones generen resistencia política (por ejemplo, entre los funcionarios del sector, los mismos que rechazan cambios al sistema de licencias médicas), pero contará con el apoyo de quienes esperan atención.

Dado el año electoral y que la salud es la segunda prioridad ciudadana (CEP, 2025), escucharemos muchas propuestas para mejorar la salud. Entre ellas debe estar que Servicios de Salud y municipios concesionen la gestión clínica a instituciones médicas de prestigio. Ignorar esa alternativa equivale a esperar resultados distintos haciendo lo mismo, es decir, gastando más recursos de manera ineficiente. Por lo tanto, las futuras autoridades deben impulsar las concesiones de gestión hospitalaria para asegurar una salud oportuna para millones de chilenos.

Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-