Ya nos hemos acostumbrado a que las noticias policiales muestren armas de fuego de grueso calibre o pistolas automáticas. Lo que en los años noventa parecía restringido a escopetas “hechizas”, revólveres o escopetas hoy resulta casi anecdótico frente al arsenal que ostentan las organizaciones criminales. No es extraño ver en redes sociales a bandas mostrando pistolas automáticas o fusiles como símbolo de poder. Este fenómeno refleja un cambio cualitativo en las dinámicas delictuales del país y un aumento sostenido del poder de fuego en la comisión de delitos. Pero ¿de dónde provienen estas armas?

La primera respuesta está en nuestras fronteras. Su carácter poroso y la debilidad de los controles han permitido que ingresen armas de contrabando con relativa facilidad. Según cifras de Aduanas, en los últimos dos años se incautaron más de 100 armas de fuego, junto con 6.000 armas de fogueo y 25.000 partes o piezas, elementos esenciales para la modificación o alteración. A ello se suman casos conocidos de tráfico de armas desde Estados Unidos y Bolivia, que dan cuenta de la existencia de redes internacionales de abastecimiento, que buscan satisfacer la demanda ilícita por armas de fuego.

La segunda fuente es aún más preocupante, el desvío de armas desde el propio mercado lícito hacia actividades criminales. Aquí los llamados “palos blancos” cumplen un rol clave al adquirir legalmente armamento para luego traspasarlo al circuito ilegal. Según datos de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), en 2024 se declararon cerca de 7.500 armas extraviadas o robadas. Lo alarmante no es solo la magnitud, sino que en casi un centenar de casos las armas desaparecieron a menos de un año de ser inscritas.

Una tercera fuente proviene de instituciones del propio Estado. En los últimos años se han destapado robos de arsenales y hechos de corrupción que involucraron a funcionarios de las instituciones que tienen el monopolio legítimo de la fuerza. Casos donde fusiles o municiones terminaron en manos de organizaciones criminales revelan vulnerabilidades graves en los sistemas de control interno. La Contraloría General de la República, en distintos informes, ha advertido la precariedad de los registros y sistemas de control de inventario en entidades como Gendarmería o la propia DGMN, llamando la atención sobre la falta de estándares adecuados.

Este escenario exige una reflexión de fondo. En medio de un clima electoral marcado por la inseguridad, sorprende que el debate sobre el control de armas siga en un segundo plano y sea más bien anecdótico. La Política Nacional de Seguridad Pública, que debe presentar el próximo gobierno, representa una oportunidad para enfrentar el problema con una estrategia integral, junto con una mejor fiscalización del mercado legal, trazabilidad efectiva a través del fortalecimiento de los sistemas de identificación balística y sus bases de datos, y coordinación internacional contra el tráfico transfronterizo.

Si la próxima administración no pone este tema en el centro de la agenda, cualquier política contra el crimen organizado quedará incompleta. Las cifras ya nos muestran que el arsenal de las bandas crece cada día, y con él, la violencia en nuestras calles. El control de armas y la prevención de su desvío hacia actividades criminales no es un detalle técnico de una política pública de seguridad, es una condición básica para recuperar la paz y garantizar que el Estado tenga el monopolio de la fuerza.

Columna de Francisco Alcorta, Investigador del Programa Político, publicada en Ex-Ante.-