Los recientes operativos en el Barrio Meiggs dejaron una postal alarmante, más de 36 toneladas de productos incautados, 70 bodegas clandestinas, máquinas para falsificar ropa y 120 personas con órdenes de detención pendientes. Pero lo que ahí se vió no nació en ese icónico barrio. El origen son las redes de contrabando que abastecen de productos al comercio informal, las que se tejen mucho antes que llegue al vendedor final.

Hoy en día, el contrabando va mucho más allá que una infracción tributaria o administrativa. Es un negocio multimillonario que erosiona la recaudación fiscal, golpea al comercio formal y financia otras actividades criminales. Su lógica es simple, aprovechar fronteras porosas, ingresar productos sin control y distribuirlos masivamente en zonas donde la informalidad actúa como escudo. Meiggs es la vitrina de un flujo comercial ilegal que comenzó cientos de kilómetros antes, en nuestra frontera.

Las mismas rutas que en 2024 introdujeron más de un millón de cartones de cigarrillos, y que fueron incautados por Aduanas, sirven también para movilizar drogas, armas e incluso migrantes. Al final, todo converge en un mercado que no distingue entre mercancía y delito, lo importante es que el flujo de dinero continúe, que la caja se mueva y que la estructura criminal crezca.

En nuestros puertos circularon más de 38 millones de toneladas de carga solo en el primer cuatrimestre de 2025, una magnitud difícil de fiscalizar con apenas 14 equipos de inspección no invasiva de Aduanas distribuidos en todo el país. A esto se suma la complejidad de revisar la carga proveniente de Bolivia, lo que eleva el riesgo de que nuestros puertos se utilicen para el envío de productos de contrabando o el tráfico de drogas. La geografía extrema y la extensión territorial complican la vigilancia de rutas y pasos fronterizos, pero la verdadera debilidad radica en la ausencia de una institucionalidad acorde con el nuevo escenario criminal que enfrenta Chile.

Un reciente informe de Europol sobre seguridad portuaria advierte que la principal vulnerabilidad de puertos y fronteras es la corrupción de los funcionarios que allí operan. De poco sirve inspeccionar toda la carga si existe el riesgo de que quien maneja el escáner mire hacia otro lado.

Para contribuir de manera efectiva al combate contra el crimen organizado, el Servicio Nacional de Aduanas debe dejar de ser un organismo eminentemente administrativo y pasar a la ofensiva, junto con todo el Estado. Aunque se han dado pasos en esa dirección, falta mucho por hacer. Un camino sería impulsar un proyecto de ley similar al que se está discutiendo y que crea un régimen diferenciado para funcionarios de Gendarmería que enfrentan a la criminalidad organizada. Bajo esta lógica, Aduanas debería contar con un régimen especial para su personal de inteligencia y para quienes operan bajo estos lineamientos estratégicos, con estrictos controles y exámenes de probidad que reduzcan el riesgo de captura por parte de las redes criminales.

Los operativos en barrios comerciales como Meiggs son necesarios y urgentes, pero solo atacan la última fase del problema. Cuando la mercancía ya está en bodega, el daño económico, fiscal y social ya está hecho. La cadena logística del contrabando debe intervenirse en origen, en tránsito y en destino, con un trabajo de inteligencia capaz de seguir e intervenir la logística de estas redes. Chile necesita una estrategia y una institucionalidad que se concentren en la enfermedad y no únicamente en sus síntomas.

Columna de Francisco Alcorta, Investigador del Programa Político, publicada en El Líbero.-