La edición 2025 del Informe Mundial sobre las Drogas de Naciones Unidas advierte sobre una realidad inquietante, el narcotráfico se expande más rápido, diversifica sus operaciones y adopta estructuras cada vez más resilientes, sofisticadas y violentas. Este mercado criminal constituye un negocio multimillonario, estimado en más de 1,8 billones de dólares a nivel global, siendo el pilar económico de  de organizaciones criminales, dotándolas de un poder económico para corromper.

En Chile, lamentablemente, el crimen organizado ya no es una amenaza lejana. Se ha instalado en barrios, avanza sobre instituciones públicas y ha penetrado incluso en las Fuerzas Armadas, comprometiendo no sólo la seguridad, sino la institucionalidad democrática en su conjunto.

Frente a este escenario, seguir actuando como si el crimen organizado fuera únicamente un fenómeno policial es un error. Se requiere una política de Estado que incorpore estrategias y medidas estructurales de prevención, integridad pública y control interno, con el objetivo de aumentar la resiliencia institucional ante esta amenaza. Los recientes hechos ocurridos al interior de las Fuerzas Armadas revelan con claridad la urgencia del desafío.

¿Qué acciones podemos considerar?

Elaborar un mapa de riesgo de corrupción en el Estado, identificando funciones y cargos especialmente vulnerables a la penetración del crimen organizado. Este instrumento debe ser dinámico, actualizado periódicamente y utilizado para orientar la asignación de recursos y medidas preventivas.

Aplicar pruebas de integridad en instituciones clave, como policías, Aduanas, Gendarmería, Fuerzas Armadas, Poder Judicial y servicios públicos con presencia en zonas de alto riesgo. Estas evaluaciones, ya utilizadas en otros países, permiten detectar vulnerabilidades éticas antes de que se traduzcan en actos de corrupción.

Fortalecer el control interno y la supervisión patrimonial, dotando a las unidades de auditoría o asuntos internos de mayor autonomía, capacidad técnica y herramientas para detectar variaciones patrimoniales sospechosas o actividades indiciarias de corrupción, tanto en funcionarios de alto riesgo como de forma aleatoria. No se trata de perseguir, sino de prevenir.

Auditar las funciones críticas con enfoque de riesgo, priorizando áreas como contratación pública, manejo de evidencia, licencias, fiscalización en frontera, despliegue territorial y administración penitenciaria. No basta con reglamentos formales, se requiere identificar las zonas grises donde puede incubarse la corrupción.

Reforzar la cultura de integridad en el Estado, mediante formación obligatoria en ética pública, simulaciones de dilemas éticos reales, campañas internas sostenidas y protección efectiva a denunciantes.

Estas medidas buscan construir barreras institucionales que dificulten la corrupción, refuercen la resiliencia del Estado y cierren el paso al crimen organizado. Barreras que eviten que el aparato público se transforme en un botín o en una vía de entrada para redes ilícitas.

Chile aún está a tiempo, aunque ese tiempo se acaba. Si no se actúa con decisión, el crimen organizado ocupará los espacios donde el Estado retrocede. Enfrentar esta amenaza no requiere milagros, sino liderazgo político, gestión, coordinación y una política pública integral a la altura del desafío.

Columna de Francisco Alcorta, Investigador del Programa Político, publicada en El Líbero.-