En medio de una triple crisis: de seguridad e inmigración irregular; de empleo y de corrupción, el Presidente de la República enfrentó su última Cuenta Pública, tiempo de balances y proyecciones de lo que será su legado definitivo.

Al inicio de su alocución el Mandatario señaló que hablaría con humildad, firmeza y honestidad.

Creo que fue humilde al reconocer que hubo que cambiar el ritmo -pero no la dirección- desde un proyecto marcadamente refundacional, maximalista e identitario, a un Gobierno que experimentó no solo una gran derrota electoral en el plebiscito de 2022, sino que también una profunda derrota cultural. Que el sello transversal de la Cuenta Pública haya sido el concepto de “seguridad” y no el de transformación, da cuenta de cómo el Presidente intenta acomodarse a un clima de opinión que es hoy completamente contrario al que primó cuando arribó al poder.

Fue firme a la hora de reivindicar el estallido de 2019, poniendo énfasis en su supuesta dimensión pacífica y la voluntad de cambio detrás de él, intentando así reconectar con su base de apoyo y su esencia octubrista. Porque sin la agitación social de octubre de 2019 y el diagnóstico deshonesto sobre los últimos 30 años, difícilmente Boric podría haber llegado a la Presidencia.

Sin embargo, no creo que haya sido honesto. Pese a que la temática de la corrupción y las faltas a la probidad estuvo presente en su discurso, no hubo un mea culpa ni mayor espacio de autocrítica en la materia. Haber faltado a la promesa de elevar el estándar moral en el ejercicio de la actividad política es una de las grandes manchas que ha dejado el paso de esta generación frenteamplista por la administración del Estado y las respuestas que el mandatario ha ofrecido en esta Cuenta Pública sobre la materia, parecen a todas luces insatisfactorias. Esa es quizás la mayor cuenta pendiente detrás de esta alocución.

Por otro lado, su discurso está atravesado por una tensión permanente: una aparente capacidad de aprendizaje, de adaptación a los límites naturales que impone la realidad, pero también una disposición constante a la pulsión testimonial y la consigna. El Presidente quiso mostrarse como alguien que ha evolucionado políticamente, que aprendió a negociar, a valorar los acuerdos y a abandonar el dogmatismo juvenil. Pero en su intervención apeló nuevamente a la ética del testimonio, resucitando con fuerza causas simbólicas que están lejos de ser prioritarias para la mayoría de los chilenos.

La mejor evidencia de esa contradicción fue el énfasis desproporcionado que puso en dos gestos políticos de alta carga ideológica, pero escaso efecto práctico. Primero, la importación del conflicto en Gaza como tema de política nacional, que no solo desvía el foco de las urgencias locales, sino que tensiona innecesariamente la convivencia en un país que ya arrastra fracturas internas.

Y segundo, la decisión de cerrar el Penal Punta Peuco, presentada como parte de una supuesta transformación del sistema carcelario, cuando en realidad se trata de una señal puramente política sin impacto real alguno en las condiciones de hacinamiento o en la seguridad penitenciaria.

En ambos casos, Boric parece más cómodo en el rol del activista que da testimonio y busca tensionar que en el del jefe de Estado que prioriza y convoca a la unidad. Les habla a los suyos, les entrega símbolos, pero al mismo tiempo se aleja de las preocupaciones materiales de una ciudadanía que espera soluciones, no gestos.

Esta es, quizás, la gran disonancia de su mandato: haber llegado al poder prometiendo un nuevo ciclo de cambios estructurales, para terminar, ofreciendo una narrativa que oscila entre la corrección del rumbo y la nostalgia ideológica, sin terminar de habitar del todo ni uno ni otro lugar.

Columna de Jorge Ramírez, Investigador del Programa Político, publicada en Ex-Ante.-