El impuesto territorial āconocido comĆŗnmente como "contribuciones"ā en teorĆa, se trata de un impuesto eficiente: es difĆcil de eludir, tiene buena capacidad recaudatoria y genera menos distorsiones econĆ³micas que otros. Sin embargo, su actual diseƱo lo vuelve cada vez mĆ”s impopular, injusto y arbitrario, lejos de lo que debiera ser: el pago por los bienes y servicios que entrega el municipio.
Uno de los principales problemas del impuesto territorial en Chile es su carĆ”cter patrimonial: se calcula sobre el avalĆŗo fiscal de la propiedad y no sobre los ingresos del propietario. Esto significa que una persona puede tener un inmueble cuyo avalĆŗo haya aumentado por razones ajenas a su control ācomo inversiones pĆŗblicas cercanas o cambios normativosā y verse obligada a pagar un monto muy superior a su capacidad econĆ³mica. En casos extremos, esto puede llevar a que el contribuyente pierda la vivienda o bien se vea en la necesidad de trasladar su negocio.
Mientras el impuesto ha subido con fuerza, los ingresos de las personas no han seguido el mismo ritmo. Entre 2010 y 2024, la recaudaciĆ³n por contribuciones creciĆ³ casi un 140% en tĆ©rminos reales, mientras que los sueldos lo hicieron por debajo del 30%. El avalĆŗo total de las propiedades prĆ”cticamente se triplicĆ³, pero la economĆa solo creciĆ³ un 44% en ese mismo perĆodo. Esto es mĆ”s que una brecha; es una alerta roja.
A esto se suma la falta de transparencia en la determinaciĆ³n del avalĆŗo fiscal, ya que es el Servicio de Impuestos Internos (SII), que tambiĆ©n recauda el impuesto, el que fija su base a partir de parĆ”metros que determina, no en base a informaciĆ³n que entrega el contribuyente, como sucede con otros tributos. Ello debiera revisarse.
La determinaciĆ³n de los avalĆŗos lleva a que la recaudaciĆ³n de este impuesto se concentre en unas pocas comunas. Mientras que en Vitacura el 96% de las viviendas pagan contribuciones, en Lo Espejo solo lo hace el 1,4%. El resultado: enormes disparidades en la recaudaciĆ³n municipal, debilitando la conexiĆ³n entre vecinos y gobiernos locales, que no rinden cuentas ante quienes los financian.
AdemĆ”s, las exenciones para adultos mayores no resuelven bien la desconexiĆ³n que puede haber entre ingresos de los propietarios y las contribuciones que deben pagar. Hoy, quienes tienen viviendas de hasta $220 millones de avalĆŗo fiscal y bajos ingresos pueden acceder a rebajas o exenciones, pero basta que el avalĆŗo suba levemente sobre ese umbral para que pierdan el beneficio, aunque su situaciĆ³n econĆ³mica sea similar a la de alguien con una vivienda algo por debajo del tramo exento.
ĀæQuĆ© hacer entonces? Reformar. Pero reformar con sentido comĆŗn, gradualidad y foco en la justicia contributiva. Algunas propuestas razonables apuntan, por ejemplo, a limitar todo cobro de contribuciones en funciĆ³n de los ingresos. Para quienes viven en su vivienda, podrĆa establecerse un tope del 3% de los ingresos anuales disponibles.
TambiĆ©n resulta clave ampliar la base del impuesto de forma progresiva: si se baja paulatinamente el umbral de exenciĆ³n y se suman mĆ”s propiedades al pago, pero asegurando que el cobro estĆ© limitado por la capacidad de pago, se puede desconcentrar la recaudaciĆ³n y fortalecer la equidad territorial.
Por Ćŗltimo, se debe avanzar con decisiĆ³n en mejorar la transparencia del sistema, simplificarlo y cerrar todo espacio de discrecionalidad en su determinaciĆ³n. La reciente declaraciĆ³n de terminar, a partir del prĆ³ximo aƱo, con la aplicaciĆ³n de coeficientes comerciales a un determinado sector en Santiago centro, que implicaba que el avalĆŗo fiscal de esas construcciones se duplica o incluso triplica, es un buen ejemplo de los espacios de discrecionalidad que tiene el servicio. Hasta entonces, esos contribuyentes deberĆ”n pagar todo este aƱo por algo que incluso el propio servicio ha considerado inadecuado.
Tampoco es fĆ”cil de entender que el avalĆŗo fiscal de las construcciones varĆe segĆŗn las comunas en las cuales estĆ”n emplazadas. AsĆ, construcciones ubicadas en Santiago automĆ”ticamente tienen un avalĆŗo fiscal un 30% mĆ”s alto que aquellas idĆ©nticas en 239 comunas del paĆs. Asimismo, en el caso de la tasaciĆ³n fiscal de los terrenos, se utiliza un coeficiente guĆa, que puede elevar el valor de un terreno en mĆ”s de ocho veces. Se aplica en 13 de las 346 comunas y afecta a 119 propiedades de mĆ”s de ocho millones de roles no agrĆcolas en el paĆs, y mĆ”s de la mitad se encuentran emplazadas en una comuna balneario del litoral central. ĀæPor quĆ©? ĀæPara quĆ©?
El impuesto territorial no debe eliminarse. Es una herramienta Ćŗtil para financiar servicios municipales y tiene atributos tĆ©cnicos que lo hacen valioso. Pero tampoco puede mantenerse como estĆ”, porque estĆ” generando distorsiones, injusticias y descontento. Reformarlo es una tarea urgente, no solo para proteger a los contribuyentes, sino tambiĆ©n para fortalecer la legitimidad del sistema tributario y el vĆnculo entre las personas y sus municipios. Lo propuesto en estos dĆas por parte del Ministerio de Hacienda es largamente insuficiente. Debemos tener una discusiĆ³n mĆ”s profunda y seria.
Columna de Bettina Horst, Directora Ejecutiva, publicada en El Mercurio.-
