A fines de mayo se cumplen diez aƱos desde la promulgación de la reforma educacional que la ex Presidenta Bachelet introdujo a travĆ©s de la llamada ley de inclusión. Esta pretendió acabar con la segregación socioeconómica del sistema escolar y la desigualdad en el acceso a una educación de calidad, para lo cual se establecieron una serie de restricciones para impedir un eventual lucro, se suprimió la posibilidad de que los colegios cobraran a las familias un copago por sobre la subvención del Estado y se prohibió la selección por parte de estos, centralizando el proceso de admisión escolar. Hoy, considerando la evidencia y la experiencia transcurrida, vemos que esta reforma no solo incumplió su objetivo, sino que ademĆ”s trajo nuevos desafĆos para las escuelas, debilitando a su vez las herramientas para enfrentarlos.
En lo relativo al lucro, la desconfianza que se instaló sobre los colegios llevó a introducir una suerte de permisologĆa educativa, sobrecargando de burocracia la gestión y reduciendo los espacios para que los directores atiendan los conflictos que afligen a sus comunidades. AsĆ tambiĆ©n, se desalentó la creación de nuevos establecimientos y la ampliación de los ya existentes, en circunstancias que la calidad del sistema estĆ” estancada y que las opciones disponibles no satisfacen a las familias.
En cuanto a la prohibición del copago, esta ha privado a los colegios de una fuente adicional de recursos por sobre la capacidad estatal que ayude a costear la creciente necesidad de personal para cumplir con las mĆŗltiples exigencias que exige la propia ley, asĆ como atender los desafĆos que surgen debido a la despersonalización del proceso de admisión.
En efecto, la introducción del sistema centralizado, el SAE, no redujo la segregación socioeconómica y, al no contemplar nuevas herramientas para la correcta atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, ha limitado su inclusión efectiva. AsĆ tambiĆ©n, ha complejizado el manejo del aula y ha traĆdo una sensación de injusticia debido al no reconocimiento del mĆ©rito acadĆ©mico o la afinidad de la familia con un determinado proyecto.
En definitiva, debemos tomar nota de las lecciones que nos dejan estos diez aƱos. Primero, la importancia que tienen los diagnósticos a la hora de impulsar cambios al sistema escolar; en este caso, la evidencia en que se basó la reforma fue dĆ©bil āsi no inexistente- y el voluntarismo fundado en concepciones ideológicas fue insuficiente para conseguir los objetivos buscados. Segundo, los desafĆos que enfrenta la educación son complejos y dependen de numerosas variables, por lo que debemos evitar soluciones simplistas que las pasen por alto. Tercero, cualquier reforma en educación debe pensarse desde la realidad de las escuelas y centrarse en mejorar los aprendizajes. La experiencia acumulada debe hacernos repensar los ejes de esta reforma e introducir los cambios y mejoras que los estudiantes y sus familias requieren.
Columna de MarĆa Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social, publicada en La Tercera.-