Imagine liderar una organización con las siguientes limitaciones: el salario de los trabajadores no está asociado a productividad y no puede despedir a quienes tengan un mal desempeño. ¿Estaría dispuesto a asumir ese desafío? Difícil. Y los temerarios que estuvieran disponibles a gestionar un grupo de personas con ese inadecuado marco de incentivos, ¿cambiarían su respuesta si supieran, además, que, si cambia el gobierno, lo más probable es que pierdan su trabajo?

Aunque parezca una pesadilla, esa es la realidad que enfrentan los directores de Servicio de Salud a cargo de la administración de los hospitales del Estado.

Analicemos los datos. De acuerdo a información obtenida vía Ley de Transparencia, la fracción de las remuneraciones del personal médico que estaba vinculada a desempeño en los últimos seis años (2018-2023) promedió menos de 1,5%. En cambio, la antigüedad de los funcionarios era premiada casi 10 veces más.

En el mismo periodo, los despidos por mal desempeño sumaron 40 personas en todo Chile para un universo de casi 30 mil médicos. Algo que no coincide con la calidad de la atención de salud que reciben miles de chilenos día a día. Más cuando en el 48% de los Servicios de Salud no hubo ningún despido por bajas calificaciones.

Si bien el sistema de Alta Dirección Pública ha sido un aporte en profesionalizar la selección de las autoridades de la salud estatal, no ha logrado evitar que, luego de un cambio de gobierno, se produzcan masivos despidos de directores de Servicios de Salud. De hecho, desde la primera administración Piñera un 59% de dichas autoridades dejó su cargo durante los primeros tres meses de instalación de un nuevo gobierno. Si la continuidad de los funcionarios sigue vinculada a criterios políticos, no sorprende que decisiones de gestión difíciles (como un despido), simplemente no se tomen.

Conocidos estos datos parece imposible mejorar la eficiencia de los hospitales del Estado. Es por ello que es esencial modificar el marco de incentivos que enfrentan los médicos de la salud estatal.

En ese sentido, el proyecto para fortalecer Fonasa es una oportunidad. El mismo texto admite que los “incentivos para el personal médico se asignan en gran medida por criterios no relacionados con la contribución a la producción” y que los estímulos vigentes no estimulan la productividad. El problema es que, reconociendo el problema, no hay propuestas para resolverlo. De hecho, el Informe Financiero del proyecto no destina ningún peso adicional a incentivos a la productividad que, como vimos, son mínimos. Tampoco reordena las actuales asignaciones salariales buscando incentivar un mejor desempeño de los trabajadores.

En definitiva, el gobierno no pone sus recursos donde está su diagnóstico y, por ende, los pacientes seguirán esperando.

Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-