Como los gremlins que se reproducĂan con el agua, asĂ se engrosa, minuto a minuto, la lista de aspirantes inscritos en la plataforma en lĂnea del Servicio Electoral con el objeto reunir los 35 mil patrocinios necesarios para inscribir una candidatura presidencial. Si, tan sĂłlo 35 mil “likes”, porque el proceso se hace en lĂnea, con clave Ăşnica.
Al cierre de esta columna, el nĂşmero de aspirantes era de 72 ciudadanos: entre ellos un candidato que compitiĂł en una elecciĂłn anterior y obtuvo menos votos que patrocinios, una tarotista, un youtuber al que le gusta amenazar de muerte a polĂticos, un viejo conocido excandidato presidencial defensor del rĂ©gimen de Corea del Norte, etc.
Es la otra expresiĂłn de la fragmentaciĂłn polĂtica que se vive en nuestro Congreso Nacional. Porque la existencia de más de 70 ciudadanos que aspiran a ser candidatos independientes en la prĂłxima presidencial es el eslabĂłn final de un cĂşmulo de engranajes institucionales que han generado incentivos perversos en nuestra gobernabilidad.
Los polĂticos y acadĂ©micos responsables de este autĂ©ntico engendro—fruto de reformas improvisadas, voluntaristas y contrarias a toda la evidencia acumulada—hoy guardan silencio, por cierto. Y otros, con más descaro, tras edificar este pĂ©simo sistema, son los mismos que plantean fĂłrmulas para corregirlo.
Como muchos advertimos en su momento, era completamente previsible que la adopciĂłn de un sistema proporcional como el actual iba a generar una tendencia fragmentaria en nuestro Congreso Nacional. Simple matemática. Al pasar de un umbral formal de acceso al escaño de 33%, donde se elegĂan sĂłlo dos diputados por distrito, a escoger entre 3 y 8 representantes por distrito, el porcentaje formal requerido por una lista es de tan sĂłlo 11%.
Y ni que hablar de lo que pasa dentro de cada lista, donde abundan los candidatos arrastrados, que resultan electos con votaciones menores al 5%, e incluso 2% o 1% de las preferencias. De hecho, un 40% de los 155 diputados actuales fue electo con menos del 5% de los votos en sus respectivos distritos. Se trata de una democracia cooptada por minorĂas dirimentes.
AsĂ, pasamos de tener un promedio de 7,5 partidos polĂticos entre 1989 y 2016, a la cifra actual de más de 20 partidos en la Cámara. Ninguna democracia sĂłlida, y menos una presidencialista como la nuestra, funciona con este nivel de fragmentaciĂłn.
Pero además, nuestros brillantes tomadores de decisiĂłn, de manera prácticamente conjunta a esta perniciosa reforma electoral, habilitaron un robusto esquema de financiamiento pĂşblico a la actividad polĂtica, con financiamiento corriente a los partidos y financiamiento de campañas ÂżCuál es la relaciĂłn del financiamiento pĂşblico a la polĂtica con la proliferaciĂłn de partidos y candidaturas que deviene en fragmentaciĂłn?
El modus operandi es el siguiente: un candidato inicia su emprendimiento electoral mediante una candidatura presidencial, la que puede salir a costo cero, porque el fisco reembolsa los gastos justificados contra factura. Pero en el fondo, esta candidatura actĂşa como punta de lanza para la conformaciĂłn de un partido polĂtico.
ÂżPor quĂ© el interĂ©s de constituir un partido polĂtico? Porque los requisitos son extremadamente laxos y el beneficio econĂłmico bastante atractivo. Veamos.
La ley señala que se pueden constituir partidos polĂticos nacionales o regionales. Para constituir un partido nacional se requieren del orden de 17 mil afiliados. Pero en el caso de los partidos regionales, la exigencia es que Ă©stos se constituyan en 3 regiones contiguas, siempre y cuando el nĂşmero mĂnimo de afiliados sea de 500 por cada regiĂłn. Es decir, con 1.500 afiliados es perfectamente posible formar un partido polĂtico regional, el que inmediatamente pasa a recibir financiamiento pĂşblico por concepto de aporte basal ÂżCuál es el monto del aporte? 20 millones de pesos anuales.
Un negocio bastante rentable, considerando que todo se puede hacer vĂa clave Ăşnica, sin moverse del escritorio, pero a un costo, a todas luces considerable para los contribuyentes. De hecho, en 2016, cuando entrĂł en rĂ©gimen este nuevo sistema de financiaciĂłn, el Estado desembolsĂł 3.500 millones de pesos por concepto de aporte permanente a partidos polĂticos, cifra que ha ido en permanente alza, hasta llegar a más de 9 mil millones de pesos para el Ăşltimo año. Y ni hablar del financiamiento a campañas, donde, en años con gran cantidad de elecciones, el fisco ha reembolsado más de 100 mil millones de pesos, tanto a candidatos como a partidos.
En este nuevo mercado de la fragmentaciĂłn, el dinero fácil crea polĂticos de muy baja calidad a un alto costo.
Columna de Jorge RamĂrez, Investigador del Programa PolĂtico, publicada en Ex-Ante.-
