Como los gremlins que se reproducían con el agua, así se engrosa, minuto a minuto, la lista de aspirantes inscritos en la plataforma en línea del Servicio Electoral con el objeto reunir los 35 mil patrocinios necesarios para inscribir una candidatura presidencial. Si, tan sólo 35 mil “likes”, porque el proceso se hace en línea, con clave única.

Al cierre de esta columna, el número de aspirantes era de 72 ciudadanos: entre ellos un candidato que compitió en una elección anterior y obtuvo menos votos que patrocinios, una tarotista, un youtuber al que le gusta amenazar de muerte a políticos, un viejo conocido excandidato presidencial defensor del régimen de Corea del Norte, etc.

Es la otra expresión de la fragmentación política que se vive en nuestro Congreso Nacional. Porque la existencia de más de 70 ciudadanos que aspiran a ser candidatos independientes en la próxima presidencial es el eslabón final de un cúmulo de engranajes institucionales que han generado incentivos perversos en nuestra gobernabilidad.

Los políticos y académicos responsables de este auténtico engendro—fruto de reformas improvisadas, voluntaristas y contrarias a toda la evidencia acumulada—hoy guardan silencio, por cierto. Y otros, con más descaro, tras edificar este pésimo sistema, son los mismos que plantean fórmulas para corregirlo.

Como muchos advertimos en su momento, era completamente previsible que la adopción de un sistema proporcional como el actual iba a generar una tendencia fragmentaria en nuestro Congreso Nacional. Simple matemática. Al pasar de un umbral formal de acceso al escaño de 33%, donde se elegían sólo dos diputados por distrito, a escoger entre 3 y 8 representantes por distrito, el porcentaje formal requerido por una lista es de tan sólo 11%.

Y ni que hablar de lo que pasa dentro de cada lista, donde abundan los candidatos arrastrados, que resultan electos con votaciones menores al 5%, e incluso 2% o 1% de las preferencias. De hecho, un 40% de los 155 diputados actuales fue electo con menos del 5% de los votos en sus respectivos distritos. Se trata de una democracia cooptada por minorías dirimentes.

Así, pasamos de tener un promedio de 7,5 partidos políticos entre 1989 y 2016, a la cifra actual de más de 20 partidos en la Cámara. Ninguna democracia sólida, y menos una presidencialista como la nuestra, funciona con este nivel de fragmentación.

Pero además, nuestros brillantes tomadores de decisión, de manera prácticamente conjunta a esta perniciosa reforma electoral, habilitaron un robusto esquema de financiamiento público a la actividad política, con financiamiento corriente a los partidos y financiamiento de campañas ¿Cuál es la relación del financiamiento público a la política con la proliferación de partidos y candidaturas que deviene en fragmentación?

El modus operandi es el siguiente: un candidato inicia su emprendimiento electoral mediante una candidatura presidencial, la que puede salir a costo cero, porque el fisco reembolsa los gastos justificados contra factura. Pero en el fondo, esta candidatura actúa como punta de lanza para la conformación de un partido político.

¿Por qué el interés de constituir un partido político? Porque los requisitos son extremadamente laxos y el beneficio económico bastante atractivo. Veamos.

La ley señala que se pueden constituir partidos políticos nacionales o regionales. Para constituir un partido nacional se requieren del orden de 17 mil afiliados. Pero en el caso de los partidos regionales, la exigencia es que éstos se constituyan en 3 regiones contiguas, siempre y cuando el número mínimo de afiliados sea de 500 por cada región. Es decir, con 1.500 afiliados es perfectamente posible formar un partido político regional, el que inmediatamente pasa a recibir financiamiento público por concepto de aporte basal ¿Cuál es el monto del aporte? 20 millones de pesos anuales.

Un negocio bastante rentable, considerando que todo se puede hacer vía clave única, sin moverse del escritorio, pero a un costo, a todas luces considerable para los contribuyentes. De hecho, en 2016, cuando entró en régimen este nuevo sistema de financiación, el Estado desembolsó 3.500 millones de pesos por concepto de aporte permanente a partidos políticos, cifra que ha ido en permanente alza, hasta llegar a más de 9 mil millones de pesos para el último año. Y ni hablar del financiamiento a campañas, donde, en años con gran cantidad de elecciones, el fisco ha reembolsado más de 100 mil millones de pesos, tanto a candidatos como a partidos.

En este nuevo mercado de la fragmentación, el dinero fácil crea políticos de muy baja calidad a un alto costo.

Columna de Jorge Ramírez, Investigador del Programa Político, publicada en Ex-Ante.-