Dicen que Jeff Bezos, fundador de Amazon, tiene ciertas reglas a la hora de organizar reuniones. Una de ellas es trabajar sobre minutas y no sobre power point. El papel lo aguanta todo, pero las PPT son aún más benévolas. Otra de sus reglas es que el número de participantes en una reunión no debe exceder el número de personas que pueden compartir dos pizzas, algo así como entre 5 y 9 personas. La semana pasada, al promulgarse la ley que crea el Ministerio de Seguridad —la vigésima quinta cartera—, recordé esta última regla y me pregunté cuán productivos serán este año los consejos de gabinete con más de 30 personas, entre el Presidente, ministros y asesores.

El problema de la dispersión de ministerios, donde son tan culpables el actual gobierno como las administraciones anteriores, no es que no sigan las reglas de Bezos, sino que fracciona la forma en que se enfrentan los problemas y dificulta la coordinación entre organismos estatales. De esta forma, el progreso del país queda desdibujado en medio de una serie de múltiples (y a veces contrapuestos) intereses sectoriales.

El proyecto minero Dominga es un ejemplo. “¿Cuál es mi misión? Mi rol es resguardar el medioambiente y el Archipiélago de Humboldt, es una zona de altísimo valor mundial”. La que podría ser la frase de cualquier ecologista, fue, sin embargo, la declaración de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, tras el enésimo fallo judicial en torno al proyecto. El problema no es exclusivo de la ministra, sino que cualquiera que ocupe su cargo preferirá “no tocar nada” a que alguna inversión tenga un impacto ambiental. Qué distinto sería el trabajo y las prioridades de un ministro que, además de velar por el cuidado del medioambiente, tenga entre sus responsabilidades el desarrollo económico.

Funcionar como compartimentos estancos hace difícil tener una visión equilibrada entre cuidar el medioambiente y promover el crecimiento económico. En el caso de Dominga, la valoración por la biodiversidad de la zona no ha tenido la misma ponderación que el hecho que la región de Coquimbo tenga una tasa de pobreza superior al promedio nacional (Casen 2022) y que muestre mayores niveles de cesantía e informalidad laboral que el resto del país (INE).

En cuanto a la descoordinación, ejemplos sobran. En temas operativos, ¿Quién estará a cargo del orden público? ¿El delegado presidencial regional o los nuevos seremis de Seguridad? En lo político, ¿Quién lidera un proyecto de ley? ¿El remozado Ministerio del Interior en su rol de jefe de gabinete? ¿La Segpres por su vínculo con el Congreso? ¿O acaso el Segundo Piso de La Moneda?

El beneficio de reducir el número de ministerios radica no solo en el ahorro de gasto fiscal sino en lograr que el Estado funcione mejor.

Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-