Se ha escrito mucho sobre las negociaciones que parte del Senado y el Gobierno sostienen por la reforma de pensiones. No repetiré los argumentos que explican por qué las bases de dicha negociación son peligrosas para el mercado del trabajo (componente de reparto y préstamo forzoso como desincentivo a la formalidad, condición sobre la cual se construyen mejores pensiones), ni el riesgo para el futuro del sistema de pensiones. Sí me interesa relevar una parte de las negociaciones que ha sido menos discutida, pero que tiene implicancias profundas: el enorme esfuerzo fiscal que el supuesto acuerdo significaría y cómo ella podría desplazar otras prioridades sociales.
Según el informe del comité técnico encargado por un grupo de senadores, hasta US$1.300 millones anuales y por 40 años, deberían ser destinados a un fondo estatal para asegurar su sustentabilidad de los beneficios previsionales que se crearían. Es decir, el Fisco destinaría hasta 0,5% del PIB (un monto similar al que implica la subvención escolar preferencial para los alumnos vulnerables) para mejorar las condiciones del segmento menos pobre de la población.
La encuesta CASEN 2022 indica que 6,5% de los chilenos son pobres. Pero ese promedio esconde que entre las personas de 60 o más años, justamente quienes se beneficiarían de una reforma de pensiones, solo un 3,1% está en esa condición, el grupo con menor nivel de pobreza. En cambio, entre los menores de tres años la tasa de pobreza duplica la media nacional (12,2%), siendo el segmento con más carencias. En simple, los niños son ¡cuatro veces! más pobres que los adultos mayores. ¿No debieran tener los primeros un trato preferente por parte del Estado? ¿Dónde quedó eso de que debíamos poner a los niños primero en la fila?
Y las prioridades no se agotan en la infancia, aunque los resultados de la prueba TIMSS nos volvieron a golpear al revelar que un 43% de los estudiantes de 8° básico ni siquiera alcanzó la escala mínima en matemáticas. El país requiere destinar recursos a una serie de otras urgencias: dar una atención oportuna a los 2,6 millones de personas que están en las listas de espera de salud, las 100 mil familias que aún viven en campamentos o dotar a Carabineros de más recursos para combatir el crimen. Es cierto que esos problemas no se solucionarán exclusivamente con más recursos, pero resolver esos problemas tampoco será gratis.
Gobernar es priorizar. Dado que actualmente Chile gasta 2,3% del PIB en financiar el pilar solidario que complementa las pensiones de las personas obtienen a través de su ahorro individual -equivalentes a 7 puntos de cotización- y que los adultos mayores son hoy el grupo menos pobre del país, ¿es prioritario destinarles US$1.000 millones adicionales, conociendo el resto de las urgencias sociales que tenemos?
Columna de Pablo Eguiguren, Consejero de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-
