Avanza en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para modernizar Televisión Nacional de Chile, al cual el Gobierno le ha puesto urgencia para acelerar su votación particular. La diputada Catalina Pérez, integrante de la Comisión de Cultura y fiel defensora del proyecto, ha manifestado que estamos ante una “conversación clave sobre el pluralismo informativo”. Sin embargo, lo clave resultan las verdaderas implicancias de los cambios que ella y el Gobierno están promoviendo, pues están lejos de fortalecer la gestión interna y la sostenibilidad del canal.

Es compartido que TVN enfrenta serios desafíos financieros e institucionales, y las cifras así lo confirman. Hace unos días, su directora ejecutiva anticipó que, para fines de este año, se proyectan pérdidas de $13.300 millones, lo que representa un incremento del 560% en comparación con 2023. A la par, el canal se prepara para contraer un crédito con aval del Estado de $24.000 millones, tal como lo ha hecho en el pasado, para cubrir necesidades puntuales. Sin embargo, esta estrategia temporal no solucionará el problema de fondo, solo proporcionará cierta flexibilidad y respiro momentáneo, mientras incrementa su carga financiera al sumar más deuda e intereses.

El proyecto de ley propone tres líneas de cambio, siendo la primera la ampliación significativa de los elementos de la misión pública de TVN. A los diez componentes actuales, como la promoción de valores democráticos, derechos humanos, cultura y educación; se suman otros ocho, que incluyen pluralismo, protección de derechos indígenas y de las mujeres, así como resiliencia ante la desinformación y la integridad informativa. Si bien estos objetivos parecen ser loables, su amplitud genera serias dudas sobre la capacidad del canal para cumplir con ellos de manera efectiva. ¿Cómo se espera que un canal que ya enfrenta problemas financieros y de gestión logre abarcar una misión tan amplia, sin antes al menos evaluar el cumplimiento de sus actuales responsabilidades?

En segundo lugar, se proponen cambios en la gobernanza. La diputada Pérez ha insistido en lograr un consenso sobre la necesidad de evolucionar en este ámbito, sin embargo, lo hace apoyando la creación de un “consejo consultivo” que, con un supuestos enfoque ciudadano, contribuiría a que las decisiones del canal sean más participativas y representativas. No obstante, lo que éste hoy necesita son directrices uniformes y claras de acción. Este consejo asesor tendría la facultad de emitir opiniones propias sobre los asuntos del canal, lo que evidentemente generaría una voz alternativa a la del directorio, provocando discrepancias y tensiones que dificultarían la toma de decisiones y la gestión interna. Además, su composición parece responder más a presiones corporativistas y a intereses de carácter identitarios, que a un órgano al cual recurrir.

En la misma línea, la incorporación de un representante de los trabajadores con voz y voto en el directorio, elegido por votación directa, plantea una serie de dificultades y preguntas. ¿Cuál será el rol de este director al momento de tomar decisiones? ¿Priorizará los intereses de los trabajadores o el interés superior del canal? Una elección abierta afectaría el funcionamiento interno del canal, fomentando proselitismo entre los trabajadores y potenciales pugnas internas en cada proceso electoral.

En tercer lugar, la diputada ha dicho que TVN enfrenta una "mochila más grande" respecto de los demás canales, al tener que autofinanciarse en un mercado competitivo. Si bien podría tener razón en este aspecto, según los términos de la propuesta del Gobierno, que consiste en un endowment de US$ 30 millones, el cual, mientras no genere US$ 5,8 millones anuales al canal, será cubierto vía Ley de Presupuestos. En la práctica, debido a la dificultad de generar ese retorno, se está configurando un aporte basal. Ante esto, surgen las preguntas: ¿qué justifica que el Estado mantenga un medio cuya programación no es diferenciadora y además ha demostrado mal manejo financiero? ¿Es suficiente el argumento de “la inmensa responsabilidad de conectar a las familias de todo Chile”, como afirma la diputada, cuando las plataformas digitales están desplazando cada vez más a los medios tradicionales, como la televisión?

Finalmente, ¿cuenta hoy TVN con una propuesta de valor realmente diferenciada respecto al resto de los canales que justifique un subsidio estatal? Si la respuesta es negativa, como creemos, el proyecto de ley en discusión no contribuirá a modificar esta situación.