La alcaldesa Macarena Ripamonti saludó en la primera noche del Festival de Viña 2024 con un provocador cartel que exigía una “Ley de Incendios Ahora”. En medio de una de las catástrofes más dramáticas para miles de familias de la quinta región, llama la atención la incapacidad de asumir la propia responsabilidad, exigiendo nuevas legislaciones como parte de la solución y ocultando las propias carencias en la gestión como la de asistir de forma urgente a las familias damnificadas.

Con respecto a avanzar en normativas, las mismas iniciativas que se proponen podrían incluso terminar obstaculizando el desarrollo de proyectos diseñados para responder a la falta de soluciones habitacionales. Se debe tener en cuenta que actualmente se discuten en el Congreso nueve iniciativas relacionadas con la emergencia de los incendios. En su mayoría, estas propuestas buscan aumentar las sanciones, implementar medidas preventivas más rigurosas y realizar cambios en la planificación territorial. No obstante, destaca una que en su extremo prohíbe el uso de los terrenos afectados e impide conceder permisos de edificación, cambio de uso de suelo o realizar actividades productivas agropecuarias durante un periodo de 30 años, justificando en la moción cierta intencionalidad para desarrollar proyectos inmobiliarios. Así como se ha presentado, esta prolongada prohibición afectaría de manera casi permanente el potencial desarrollo de los sitios incendiados.

En este caso -el incendio de la quinta región ocurrió en una zona urbana-, la mencionada iniciativa incluso podría interpretarse como una restricción adicional al desarrollo de viviendas para las familias afectadas, lo que ocasionaría un perjuicio aún mayor. Esto se debe a que el terreno donde se encontraban las viviendas requiere de normativas que posibiliten su uso y desarrollo residencial.

Todo esto en un contexto en que cada vez más familias viven en situaciones precarias, como vivir en campamentos, y en que el desarrollo de nuevas viviendas se ha visto mermado por la reducción de los permisos de edificación, los cuales han alcanzado los niveles más bajos en el actual registro. Por ello, resulta fundamental encontrar un equilibrio que permita proteger las comunidades sin obstaculizar el acceso a viviendas adecuadas.

Considerando las miles de viviendas con daños no reparables, surge la pregunta ¿si no sería mejor partir por un plan de reconstrucción? en vez de enfrascarnos en una discusión de nuevas normas que finalmente terminan desviando la atención de los damnificados. Si bien es razonable mejorar las medidas de mitigación, como lo son los corta fuegos, en esta etapa resulta fundamental que los gobiernos locales, el aparato estatal y la sociedad civil potencien su gestión para llegar de manera más oportuna a quienes lo necesitan con urgencia.

Columna de Paulina Henoch, Coordinadora del Programa Pobreza, Vivienda y Ciudad, publicada en La Segunda.-