El proyecto de Ley de Pesca reduce, entre otras cosas, la cuota de extracción industrial en favor del sector artesanal, indicándose que dicha redistribución responde a razones de equidad. Lamentablemente, las experiencias de iniciativas similares han generado reducción del bienestar general e ineficiencias en donde el sector productivo quedó peor que antes.

Un ejemplo de ello es la reforma realizada en 2019 a la pesquería de la jibia, en donde se estableció la obligación de utilizar un arte de pesca que prácticamente solo podían usar los pescadores artesanales, con lo cual la extracción industrial fue desplazada.
Cuatro años después de la redistribución, los resultados son desastrosos. La cuota autorizada es de 200 mil toneladas (t), de las cuales actualmente se han extraído, en promedio, solo 75 mil t, lo que implica una caída de 52% respecto de lo observado los 4 años previos a la modificación.

Es decir, a pesar de que la cuota permite explotar hasta 200 mil t, el sector artesanal solo logra aprovechar un 37% del total. A ello se suma que, en otras áreas de la cadena productiva, se cerraron líneas de proceso industrial, ya que requieren de una regularidad de suministro del molusco que los artesanales no son capaces de proveer.
Otro efecto no deseado es que dado que Chile forma parte de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS) y que no está utilizando plenamente la cuota asignada, países como Perú han solicitado un aumento de su cuota de extracción de jibia.

En conclusión, estamos ante un resultado de suma negativa, ya que la redistribución política en favor de los artesanales llevó a que Chile produzca menos que antes, lo que ha implicado menos inversión y empleo, siendo finalmente los únicos ganadores los países vecinos.

Carta de Tomás Flores, Economista Senior, publicada en El Mercurio.-