Durante estas últimas semanas fueron dados a conocer una serie de indicadores claves que muestran que el sector de la construcción sigue siendo uno de los más afectados por las mayores restricciones crediticias, la pérdida del poder adquisitivo de las familias y la incertidumbre que presenta la economía. Esto es muy preocupante, dado el creciente problema del acceso a la vivienda que se ha intensificado en el país durante el último tiempo.

Uno de estos indicadores es la autorización de permisos para nuevas viviendas que, según los últimos datos han retrocedido más de 30 años. En el primer trimestre de 2023, la superficie aprobada disminuyó en un 44% en comparación con el año anterior y se encuentra en un nivel menor que el de 1991. Además, se aprobaron un 43% menos de unidades de vivienda en comparación con el año anterior.

Además, las condiciones al acceso al financiamiento bancario siguen siendo restrictivas y los hogares presentan una importante baja en los ingresos por la pérdida del poder adquisitivo generado por la inflación.
Esto es especialmente preocupante dado que hay una creciente demanda de soluciones habitacionales por parte de las familias y una menor oferta de viviendas podría afectar en un futuro aún más al acceso a una vivienda. En relación con esto, la reciente encuesta Bicentenario UC muestra que la expectativa de los chilenos de acceder a una vivienda ha disminuido significativamente durante el último tiempo, de 40% a 14% entre los años 2011 y 2022.

A esto se suma la cantidad de hogares viviendo en campamentos ha aumentado significativamente, con más de 113.887 hogares en 1.290 asentamientos precarios, la cifra más alta desde 1996.

La respuesta del Estado ante esta preocupante situación ha sido la creación de un plan que busca generar 260.000 soluciones habitacionales sociales en cuatro años. No obstante, según la información dada a conocer durante esta semana el estado de avance del Plan de Emergencia Habitacional también presenta una importante demora y requiere mejorar de forma urgente la gestión estatal. Según el último informe, el plan tiene un avance del 19,4% en más de un año, de marzo 2022 a abril 2023, y el ministerio ha terminado solo 50.313 viviendas de los 260.000 planeados.

En resumen, los indicadores muestran un importante deterioro en el acceso a la vivienda en general y se observa como la situación económica sigue afectando al sector y al desarrollo de nuevos proyectos. Es por lo que se requiere avanzar en medidas que mejoren la gestión habitacional, faciliten el acceso al crédito y fomenten el desarrollo de proyectos para generar más y un mayor acceso a la vivienda.

Carta de Paulina Henoch, Coordinadora del Programa Pobreza, Vivienda y Ciudad, publicada en El Líbero.-