Señora Directora:

Dentro de las numerosas modificaciones que contempla la reforma tributaria presentada por el Gobierno, son especialmente llamativas las que buscan reducir la evasión y elusión. Lo anterior ya que, analizadas en su globalidad, se traducen en un desequilibrio entre las mayores atribuciones que se le pretende dar al Servicio de Impuestos Internos y las menores garantías con las que contaría el contribuyente.

Por un lado, se le permite al SII calificar un hecho como elusivo sin previa intermediación de los tribunales especializados (TTA) –desconociendo el consenso alcanzado tras la reforma de 2014–; aplicar conjuntamente la Norma General Anti Elusión (NGAE) con las normas especiales; establecer una multa adicional al pago del impuesto correspondiente de verificarse un hecho como elusivo y definir discrecionalmente la “presunción de actuación conjunta o unidad económica” de los contribuyentes.

Por otro lado, se restringe la posibilidad de reclamación del contribuyente únicamente ante los TTA (y ya no ante el mismo SII); se elimina el monto mínimo para la aplicación de la NGAE y la facultad del contribuyente de solicitar la certificación del término de un proceso de fiscalización ante la inactividad del SII.

En suma, se evidencia un radical cambio de enfoque en el tratamiento hacia los contribuyentes, dejándolos en evidente desprotección frente a una robustecida administración. Así, el principio de buena fe parece ser una ficción y los contribuyentes, los sospechosos de siempre.

Pedro Varela, abogado del Programa Legislativo, publicada en Diario Financiero.-