Antes de cumplir dos meses en el cargo, el Presidente Boric gobierna un país sumido en la violencia. Es cierto que los actos que alteran la paz en Chile vienen de antes, pero la progresión que han tomado en los últimos días no tiene precedentes. Una ministra del Interior recibida a balazos en Temucuicui y un Presidente de la República que admite que no hay condiciones de seguridad para que él viaje a La Araucanía no son situaciones que hubiésemos visto antes. Una marcha en el día del trabajo en que cuatro personas resultan heridas a bala por enfrentamientos entre civiles tampoco es algo habitual. Estudiantes de tradicionales liceos en Santiago quemando buses frente a sus establecimientos es ya pan de cada día.

La violencia que atemoriza a los chilenos por estos días parece tener al menos tres vertientes. La primera es la de La Araucanía y la Macrozona Sur, donde grupos terroristas, esgrimiendo supuestas reivindicaciones indígenas (que la mayoría de esa etnia no suscribe), asolan diariamente a los ciudadanos con armas de fuego, ataques incendiarios, robos y otros tipo de agresiones. Desde que asumió Boric y terminó con los estados de excepción, prácticamente no hay un día en que agricultores, parceleros, trabajadores y contratistas de faenas forestales, comuneros, comerciantes y otras personas se hayan librado de alguno de estos ataques, poniendo en peligro sus vidas y viendo destruidos sus bienes. Los agresores, que retroalimentan su actividad con el negocio del narcotráfico y el robo de madera, buscan amedrentar a todas sus víctimas con el objetivo de desplazarlos de sus propiedades, trabajos y tierras.

Un segundo foco de violencia proviene de la instalación de bandas criminales que se apropian de lugares claves dentro de las ciudades para desarrollar actividades ilícitas que incluyen comercio ilegal, narcotráfico y robos a transeúntes y compradores. Es habitual que estos grupos estén integrados por inmigrantes, que utilizan desconocida violencia en sus acciones y no temen atacar a la policía. El epicentro en Santiago es el barrio Meiggs en Estación Central. Un inmigrante murió al recibir una bala en una riña en el Persa Estación. En otras ciudades del país también se han apropiado de lugares céntricos donde campean sin contrapeso.

El tercer foco mezcla la agitación estudiantil con la reivindicación política. Estudiantes movilizados, émulos de los del año 2011, han decidido utilizar profusamente la violencia y tomado el control de liceos emblemáticos como el Instituto Nacional o el Barros Arana, donde disfrazados con overoles blancos y máscaras realizan sus performances, que incluyen la quema de autobuses, destrucción de infraestructura del colegio y agresión a quien se les ponga por delante. Algunos se suman también a las movilizaciones en la Plaza Baquedano los días viernes y a cualquier manifestación política de izquierda.

A estos focos, localizados, se suma la delincuencia desatada que está en distintos lugares e incluye portonazos, robo de automóviles y asaltos a residencias y saqueos de comercios.

El problema del gobierno de Gabriel Boric es que tiene fallas estructurales para enfrentar esta situación.

En La Araucanía, al adoptar la tesis del Wallmapu y decolonialismo, alimenta la violencia y se hace cómplice del desplazamiento de los propietarios de esas tierras que persiguen los grupos terroristas con que pretende negociar.

Adicionalmente, su aceptación del uso de la violencia como instrumento de la política (que es la esencia del 18 de octubre) ha quitado todo margen de acción a Carabineros transformándola en una policía incapaz de mantener el orden público. El gobierno sospecha de Carabineros, ordena investigaciones frente a denuncias temerarias, Gabriel Boric se atreve a hablar de connivencia. Ni el Presidente ni sus ministros tienen autoridad moral para garantizar la paz social si Boric ha votado en contra de la ley anti saqueos y anti barricadas; la que sanciona el uso de fuegos artificiales; la que tipifica el delito de robo y hurto de madera; la que aumenta las penas por atentados incendiarios; la que tipifica la alteración de la paz pública; la que modifica la Ley de Control de Armas y la que permite el resguardo de infraestructura pública a las fuerzas armadas; además de promover un indulto a los delincuentes del 18 de octubre.

Así las cosas, la violencia es consustancial al gobierno. Sólo una profunda rectificación que reniegue de conductas pasadas y busque soluciones consensuadas puede avanzar hacia una mayor paz social. Agendas de seguridad, estados intermedios o consejos asesores que no rompan con el pasado serán inútiles y llevarán a mayores frustraciones. La ministra Siches, al decir que la apuesta es que “ojalá las armas sean sólo del monopolio de las policías” vuelve a mostrar su ignorancia en la materia: los delincuentes no usan armas inscritas y cuando se enfrentan a los policías, éstos no pueden usar sus armas porque corren el riesgo de ser procesados; otro volador de luces. En este peculiar país en que vivimos el monopolio de las armas parecen tenerla los delincuentes y terroristas.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo de LyD, en El Líbero.-