Ante los hechos ocurridos en diciembre, cuando en una semana dos balaceras en lugares de alta afluencia en MaipĂş dejaron tres fallecidos y seis heridos, se ha vuelto a levantar el debate sobre la instalaciĂłn del crimen organizado en nuestro paĂs, principalmente relacionado al narcotráfico, y cĂłmo combatirlo.
Y en esta materia el gobierno no se ha quedado de brazos cruzados. Entre otras medidas administrativas, se crearon centros interinstitucionales de fusiĂłn de informaciĂłn en las macrozonas Norte, Centro y Sur, se entregĂł el apoyo de las Fuerzas Armadas, a las policĂas con equipos y transporte para fortalecer el control fronterizo contra el narcotráfico y se desarrollĂł el Programa Barrios Prioritarios. TambiĂ©n en el área legislativa ha intentado impulsar una nutrida agenda para combatir el crimen organizado desde sus diferentes flancos: fortalecer y modernizar el sistema de Inteligencia del Estado, modificar la Ley 20.000 con el objeto de mejorar la persecuciĂłn del narcotráfico y crimen organizado, actualizar la legislaciĂłn sobre control de armas considerando el aumento del uso de armas en la comisiĂłn de estos delitos; ninguno de los cuales ha sido aprobado. Asimismo, ha presentado proyectos que buscan entregar tĂ©cnicas especiales para la investigaciĂłn de delitos vinculados a la delincuencia organizada, como para la persecuciĂłn de delitos terroristas, iniciativa que aĂşn se encuentra en primer trámite en el Senado, o el proyecto de ley que buscaba fortalecer la fiscalizaciĂłn y la persecuciĂłn de los delitos de robo y hurto de madera en troza, que finalmente fue rechazado en el Congreso. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para detener el alza de los delitos y el creciente temor de la poblaciĂłn frente a ellos.
En este contexto, el pasado 27 de diciembre, el Presidente de la RepĂşblica firmĂł un proyecto de ley que se enfoca directamente en combatir el crimen organizado. Actualmente en Chile estas conductas se sancionan bajo la figura de asociaciĂłn ilĂcita, la que por la amplitud en que se encuentra consagrada ha sido delimitada al cumplimiento de requisitos muy especĂficos que no se relacionan necesariamente a la forma en que hoy se constituyen estas organizaciones. El proyecto moderniza la figura del delito a travĂ©s de la creaciĂłn de un delito de asociaciĂłn delictiva y uno de asociaciĂłn criminal; introduce incentivos a la denuncia por parte de sus miembros y facilita el uso de tĂ©cnicas especiales para su investigaciĂłn, siendo lo relevante la criminalidad organizada y no el delito especĂfico al que dedican su actividad.
Siendo estas iniciativas importantes, y aĂşn más su responsable y ágil tramitaciĂłn dentro del Congreso, es indispensable que se diseñe una polĂtica de Estado, que sea transversal y considere un diagnĂłstico actualizado de la situaciĂłn, priorice el combate contra ciertos delitos con foco territorial de acuerdo a la realidad especĂfica del lugar donde se concentren, que tenga objetivos claros y evaluables y se nutra de la experiencia comparada. Asimismo, se debe potenciar y fortalecer la articulaciĂłn interinstitucional de diversos sectores dentro del Estado que aportan en la prevenciĂłn, control y persecuciĂłn de los delitos, que incluya la participaciĂłn de actores de sectores diversos, como el mundo privado, la sociedad civil y la comunidad internacional y con la flexibilidad suficiente para adaptarse a la rápida mutaciĂłn del crimen organizado a las nuevas estrategias para derrotarla.
De este modo, es necesario no solo el compromiso del Congreso para sacar adelante toda la agenda legislativa pendiente dando coherencia y una mirada global al combate al crimen organizado, sino tambiĂ©n que se instale una visiĂłn tĂ©cnica y una polĂtica integral como Estado para enfrentarlo y abordarlo en profundidad, con una direcciĂłn, coherencia y vocaciĂłn de largo plazo.
Columna de PĂa Greene, Coordinadora del Programa Sociedad Civil, publicada en La Tercera.-Â
