Arruinando la política migratoria

Esta semana la sala del Senado empieza la tramitación del proyecto de ley de migraciones. Lo que era una buena noticia, que finalmente nuestro país pueda tener una política de migraciones sustentable y moderna que se haga cargo de toda la complejidad del tema, puede transformarse en una pesadilla si el Senado aprueba algunas de las indicaciones que senadores de oposición han presentado al proyecto.

Después del desastre migratorio que vivió nuestro país durante el gobierno de la Presidenta Bachelet y que llegó a un extremo el año 2016 cuando los extranjeros tomaron un 98% de los nuevos puestos de trabajo, uno habría esperado alguna autocrítica de los políticos de centroizquierda que apoyaron ese gobierno. Según los datos del INE y del ministerio del Trabajo, el año 2014 un 21% de la creación de puestos de trabajo fue tomado por migrantes, pero creció hasta llegar al 98% por efecto de personas, principalmente provenientes de Haití, que ingresaron al país en calidad de turistas. Desde mediados del 2015 la fuerza laboral migrante se volcó a buscar empleos y en 2016 buena parte de ellos alcanzó empleos formales como señalábamos recién. Esto afectó especialmente a chilenos sin estudios superiores los años 2017 y 2018, que vieron caer los empleos en 158.350 personas y 76.760 personas respectivamente, mientras los extranjeros de ese mismo segmento aumentaban los empleos en 125.710 personas y 69.470 personas.

La Dirección del Trabajo detectó además en ese período un número inédito de contratos de trabajo falsos.

Esta situación desbordada se ha ido corrigiendo por la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior, cuyo Jefe es Alvaro Bellolio, con una serie de medidas administrativas que deben ser complementadas por cambios a la legislación, por lo cual se presentó este proyecto de ley. Sin embargo, algunas indicaciones presentadas por senadores de oposición se proponen arruinar el proyecto de gobierno. Una de las más dañinas es la de los senadores Juan Luis Latorre, del Frente Amplio e Isabel Allende del Partido Socialista. Ella autorizaría la entrada de personas a través de una visa para buscar trabajo, que podría solicitarse en el mismo puesto fronterizo y no solamente en los consulados. Esta visa, que ha sido motejada como Visa de Turismo Laboral, permitiría a estas personas quedarse a vivir en Chile sin tener un trabajo sino sólo expresando su intención de buscarlo. Es fácil suponer que esta liberalidad para ingresar al país, que otros países no le conceden a los chilenos, crearía una situación discriminatoria contra los trabajadores chilenos que es inaceptable, sobre todo en momentos tan complejos para nuestro mercado laboral después del estallido de octubre y de la pandemia.

Otra indicación eliminaría la posibilidad de que Chile exija visas de turismo a nacionales de países que tienen un historial de bajo cumplimiento de las normas migratorias, que es una de las medidas administrativas que se han aplicado en esta administración, de acuerdo a lo que la ley permite, a ciudadanos de Haití.

Una tercera indicación insensata daría a los extranjeros que residan en Chile de manera irregular un plazo para regularizar su situación migratoria de 90 días contados desde que se publique la ley. Vale decir esta norma sería una verdadera invitación a ingresar ahora de manera ilegal al país por nuestras extensas fronteras, de manera de beneficiarse de esta norma ya que esta regiría, incomprensiblemente, 90 días después de publicada la ley.

El comportamiento de los senadores que presentan o apoyan estas indicaciones es contumaz y se espera que por esta vez prime la sensatez entre algunos senadores de oposición de manera que no se aprueben y podamos tener una legislación que permita una inmigración sustentable, de acuerdo a las necesidades e intereses de los chilenos.

Columna de Luis Larraín, Presidente de Consejo de LyD, publicada en El Líbero.-