Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, hizo un llamado a rechazar la idea de legislar la reforma de pensiones recientemente ingresada a tramitación. Para justificar su rechazo, afirmó que la medida que permite a las AFP subcontratar los servicios de atención de público y la tramitación de los beneficios del sistema de pensiones, generaría precarización y un aumento injustificado en las ganancias de las administradoras.

Dicha medida, que tiene por objeto precisamente fortalecer la competencia, merece los siguientes comentarios. En primer lugar, su contenido es coherente con una de las propuestas de la Comisión Marcel (2006) -convocada por la Presidenta Bachelet- sobre la organización de la industria, en atención a la constatación de que algunas prohibiciones son innecesarias y merecen ser revisadas.

En segundo lugar, la eliminación de esta barrera de entrada permitirá reducir la escala óptima de operación de las AFP, facilitando la incorporación de nuevos actores. En tercer lugar, la medida debe ser analizada armónicamente como parte de un conjunto de propuestas, tales como la reducción del encaje, los perfeccionamientos al mecanismo de licitación de afiliados o el establecimiento de comisiones grupales y por permanencia efectiva. Finalmente, conviene recordar que en la actualidad existen labores que pueden ser subcontratadas. Un ejemplo exitoso es la recaudación de las cotizaciones realizada por PreviRed, cuya implementación ha facilitado la labor de los empleadores.

No obstante la relevancia de la posibilidad de subcontratar servicios, los parlamentarios deberán ser especialmente cuidadosos al momento de legislar sobre los cambios al sistema de licitación de nuevos afiliados. El reciente informe de la OCDE, denominado 'Perspectivas para las Pensiones 2018', nos sugiere la inclusión de nuevos elementos para adjudicar la cartera (adicionales al monto de la comisión). Asimismo, levanta alarmas sobre la necesidad de que el monto de las comisiones permita cubrir los costos operativos de la AFP ganadora, en atención a los riesgos de solvencia asociados.

En definitiva, los perfeccionamientos que se introduzcan al sistema -que permite a los ganadores obtener una cartera inicial de afiliados atractiva sin detonar una guerra comercial destructiva- deben tener en consideración la implementación de este mecanismo propuesto por la Comisión Marcel y las sugerencias de la Comisión Bravo (2015), para efectos de aumentar el número de participantes en el proceso de licitación.

Si bien las medidas pro-competencia implementadas en la reforma previsional de 2008 permitieron reducir las comisiones cobradas por las administradoras, el número de actores ha permanecido estable en el último tiempo. Teniendo en consideración la literatura sobre la insensibilidad al precio de los afiliados, las medidas propuestas por el Ejecutivo van en la dirección correcta, toda vez que permiten eliminar o reducir una serie de barreras de entrada de carácter regulatorio, propiciando un ambiente adecuado para el ingreso de nuevos actores. 

Columna de John Henríquez, Abogado del Programa Legislativo de LyD, publicada en Diario Financiero.-