Violencia en los Liceos

Un alumno que comete actos violentos al interior del Liceo no puede ser expulsado de inmediato. La burocracia establece que la conducta debe estar incluida en el reglamento de convivencia escolar, las sanciones son apelables a la Superintendencia; total, el alumno podría continuar un mes en la escuela después de lanzar una bomba. El gobierno se ha enfrentado con la oposición por el proyecto Aula Segura que permite a los Directores, excepcionalmente, expulsar rápidamente a un alumno en casos de violencia grave. Obviamente, los colegios no incluyen en sus reglamentos internos como causal de expulsión el lanzar bombas ni el portar armas de fuego o explosivos, pues hasta ahora se presumía que esas conductas eran del todo ajenas a este ámbito. Como sabemos, en el último tiempo se han producido actos de inusitada violencia.

Se trataría de una medida excepcional para sancionar sólo conductas graves como uso, posesión, tenencia y almacenaje, en el establecimiento educacional o sus inmediaciones, de armas de fuego, artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos o infecciosos.

Pero la oposición se ha opuesto, porque según ellos sería inconstitucional por no respetar el debido proceso, según lo habría dictaminado la Comisión de Constitución del Senado. Primero una precisión: esa comisión no puede declarar inconstitucional un proyecto, como equivocadamente informaron los senadores Yasna Provoste, Jaime Quintana y José Luis Latorre que había ocurrido. Puede dar una opinión, pero sólo el Tribunal Constitucional tiene facultades para declararlo. El hecho es que con este pretexto, los senadores de oposición han bloqueado la tramitación del proyecto sin respetar la urgencia decretada por el Gobierno. La Ministra Marcela Cubillos ha informado que se reingresará la próxima semana con una nueva calificación de urgencia y una indicación que intente convencer a la oposición.

El proyecto ya contenía disposiciones que a juicio de la autoridad respetan el debido proceso, pues luego de la expulsión el alumno tenía un plazo de 5 días para pedir reconsideración al Consejo de Profesores. Pero los senadores de oposición consideran que esto no resguarda debidamente los derechos de los alumnos que sean expulsados acusados de estas conductas. Así, la senadora Provoste, el senador Latorre y el senador Quintana, a quien sabemos le gusta la metáfora, han acusado al gobierno de “violencia legislativa”.

Quienes están tan preocupados del respeto al debido proceso de los alumnos acusados de hechos violentos, no han sido tampoco capaces de sugerir algo que resuelva el problema y resguarde los derechos de otros (la mayoría de los alumnos, los profesores, el personal de los colegios y los Carabineros) a ejercer sus actividades sin poner en riesgo su vida. La sugerencia de suspender provisionalmente al alumno y luego expulsarlo si se comprueba su culpabilidad, que han hecho algunos opositores, no sirve; pues los tribunales han interpretado en casos similares que cuando ello ocurre hay una doble sanción por el mismo hecho.

Mientras se resuelve esto, impactantes imágenes muestran a estudiantes del INBA pateando la cabeza del cabo de Carabineros de 25 años Raúl Quintanilla como si fuera un balón de fútbol y realizando todo tipo de desmanes. La violencia está desatada en ciertos colegios emblemáticos, escogidos por activistas para alterar el orden público. Esto no tiene nada que ver con inclusión o convivencia escolar. Es violencia delictual inaceptable que supera a Directores, profesores y manuales de convivencia. Las herramientas que tenemos no sirven para combatirla y hay que recurrir a otras.

Los políticos de oposición no parecen entender esto, que la mayoría de los estudiantes y apoderados siente y resiente. Es hora de ser razonables y superar el enfoque unidimensional de los derechos de los estudiantes acusados, para permitir un ambiente en que los liceos puedan cumplir su tarea de formar a nuestros jóvenes. Sostener la negativa a la ley Aula Segura en el argumento de que hay que abordar la violencia escolar de manera integral es, a estas alturas, esquivar el bulto.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-