Las recientes cifras que el INE entregó respecto del mercado laboral han dado cuenta de desafíos importantes para Chile. Y es que durante el trimestre móvil marzo-mayo 2018 la tasa de desempleo se ubicó en 7% a nivel nacional. Al respecto, aunque hay un componente estacional, estamos frente a un mercado laboral que demorará en recuperarse, puesto que éste reacciona con rezago a la recuperación de la actividad.
Sin embargo, este panorama se ha visto acompañado de una disminución de los salarios. Es más, el último IPoM se refiere a ello, destacando que “la baja del crecimiento de los salarios coincide con varios desarrollos en la oferta y demanda laboral”. En cuanto a la oferta laboral, destaca la mayor participación femenina y la migración. Por el lado de la demanda, se destacan los ajustes tecnológicos y cambios en productividad. Es decir, el uso de la tecnología incide en la contratación de personas y, por lo tanto, en sus salarios.
Al respecto, un estudio de la OCDE[i] explica que la innovación tecnológica modifica la manera en que se organiza y se realiza el trabajo entre diferentes sectores de la economía. A partir de la automatización de procesos se genera un cambio progresivo de un trabajo no calificado a un trabajo calificado, “siendo el primero cada vez más prescindible”. Para poner en contexto, en Chile, de los 8.300.000 ocupados (promedio del último año), un 22% corresponde a trabajadores no calificados (unas 1.800.000 personas).
En este escenario del mercado laboral chileno nos hemos visto inmersos en una reforma laboral (aprobada en 2017) que va justo en el sentido contrario. Es decir, en lugar de flexibilizar el mercado laboral chileno, de modo de poder adaptarse a nuevas tecnologías y a diferentes procesos productivos, se ha rigidizado aún más.
Esto trae consecuencias. Algunas de ellas han sido descritas por Manuel Agosin en un reciente estudio[ii]: primero, la ampliación de brechas salariales entre el sector formal sindicalizado y el informal; segundo, más poder a los sindicatos significa mejores salarios para los sindicalizados a costa de los no sindicalizados y de aquellos que permanecen en la informalidad y, tercero, hará las huelgas mucho más costosas al limitar fuertemente el reemplazo de trabajadores en las mismas.
Es en este contexto de mercado laboral donde, por ejemplo, se está discutiendo el reajuste de salario mínimo. Precisamente, si se establece un monto no acorde con lo que la economía puede otorgar, se desprotege, precisamente, a aquellos que están en la informalidad o derechamente sin trabajo.
Debemos avanzar, por tanto en una dirección hacia la flexibilización del mercado laboral. El proyecto recientemente aprobado en Comisión de Hacienda de “Contrato especial para jóvenes” es un avance. Lo mismo con el que busca incentivar el trabajo a distancia, el que justamente toma nueva tecnología y la traduce en mayor flexibilidad y, probablemente, mayor productividad.
Columna de Carolina Grünwald, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-
[i] / “The risk of automation for countries: a comparative analysis” (2016).
[ii] / Mirada FEN.
