Conforme al marco jurídico vigente, existen diversos instrumentos para fiscalizar los actos del Gobierno. En las últimas semanas, esta cuestión ha quedado en evidencia tras la variada estrategia de la oposición en la materia, en distintos frentes. Más allá de las apreciaciones de cada uno sobre cuán fundados o no son los cuestionamientos, el asunto de fondo es cómo ellos inciden en el ánimo de nuestros gobernantes y representantes para hacerse cargo de las reales urgencias de la ciudadanía. Cuántos recursos y capacidades se distraen al ocuparse de temas distantes de aquellos que verdaderamente preocupan a las personas, es lo que muchos nos preguntamos. Más allá del interés mediático que pueden despertar ciertos asuntos o de la importancia de liderar ciertas banderas, lo cierto es que buena parte de la ciudadanía mira estas polémicas con desapego, a la espera de que los talentos se pongan a disposición de resolver otro orden de temas.

Sin perjuicio de los esfuerzos que permanentemente debe hacer el propio Gobierno para mantener el foco de su gestión en las prioridades de las personas, el reciente llamado del Presidente Piñera a no actuar como perros y gatos, convocando nuevamente a los consensos, resulta muy pertinente. Y es que la actual administración y la clase política en general, debieran aunar fuerzas para obtener valiosas conclusiones de las mesas de trabajo convocadas para abordar importantes materias, y ponerse manos a la obra en la implementación de las soluciones; avanzar en el diseño de herramientas que permitan a las personas salir de la pobreza y atender los problemas que aquejan a la clase media; no cejar en la promoción de contundentes iniciativas para reactivar la economía, la inversión y mejorar la productividad, para retomar una senda de crecimiento integral y sustentable; viabilizar esfuerzos para modernizar nuestra regulación laboral, de cara a los desafíos del futuro; proveer un marco jurídico que propenda a la diversidad y calidad de los proyectos educativos; contar con una institucionalidad fiscal robusta, transparente y con contrapesos, y modernizar el aparato público, introduciendo estándares de calidad de la regulación y poniendo al Estado al servicio de los ciudadanos. Asimismo, y sin perjuicio de otras iniciativas que se esperan, parece un contrasentido no avanzar decididamente en la agenda legislativa presentada en materias tan urgentes para el país como lo son una política migratoria sostenible, la seguridad ciudadana, el pronto acceso a las prestaciones de salud y la competencia en el mercado de los fármacos, entre otras. Mezquino sería desconocer que el Gobierno ha sido deferente con la oposición y con el Congreso al retomar, en muchas de estas materias, iniciativas que ya se encontraban en trámite, planteando, por cierto, sus innovaciones.

El llamado entonces es a levantar la vista para hacerse cargo de los problemas reales de las personas, abandonando ofensivas que parecen, a ratos, oportunistas o apegadas a un legado al cual la ciudadanía estuvo mayoritariamente por no darle continuidad.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-